Un jurado en California inició deliberaciones para definir el destino de Shannon O’Connor, madre de 51 años, quien enfrenta 63 cargos, incluyendo abuso de menores y facilitación de agresiones sexuales, tras organizar fiestas donde adolescentes consumieron alcohol y habría alentado comportamientos de riesgo sexual.
La acusación sostiene que estos hechos no solo buscaron consolidar la popularidad escolar de su hijo —escenario que fue escalando con consecuencias potencialmente graves— y que las consecuencias para O’Connor podrían significar más de 30 años de prisión, de acuerdo con el diario local The Mercury News.
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La acusada enfrenta delitos graves y faltas menores
El caso fue entregado al jurado este martes, tras varias semanas de audiencias. El panel deberá analizar 20 cargos de delitos graves, entre ellos por presunta puesta en peligro de menores y complicidad en agresiones sexuales, así como 43 cargos menores relacionados con el suministro de alcohol a menores de edad.
La pesquisa detalla que las fiestas comenzaron cuando el hijo de O’Connor cursaba la escuela secundaria y aumentaron en escala a su ingreso en Los Gatos High School. Los fiscales apuntan que, lejos de supervisar el entorno, la acusada habría facilitado el consumo de alcohol y posteriormente la actividad sexual entre jóvenes.
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Según The Mercury News, varios adolescentes declararon que sufrieron amnésicos episodios de penetración sexual, y uno relató que estuvo a punto de ahogarse en una bañera tras beber en exceso.
Entre los incidentes más graves, se documentó la caída de un joven de una camioneta tras un paseo en estado de ebriedad, con O’Connor como conductora, en el estacionamiento de la escuela.
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Testimonios de víctimas y evidencia digital revelan el rol activo de O’Connor
Durante el juicio, numerosos asistentes a las reuniones señalaron no recordar detalles de situaciones sexuales tras las fiestas.
El proceso judicial se centró también en la significativa cantidad de mensajes de texto y comunicaciones en redes sociales, presentadas como prueba principal, en los que la acusada coordinaba pedidos de alcohol y mostraba interés en la vida privada de los adolescentes.
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Ante la magnitud de las evidencias, padres de víctimas consideraron que O’Connor mostró un patrón de manipulación. Uno de ellos la definió como una maestra manipuladora y sostuvo que el flujo de mensajes explícitos evidenciaba la participación protagónica de O’Connor en la organización y encubrimiento de las fiestas, informó The Mercury News.
La acusación indicó que O’Connor habría intentado garantizar el silencio de los jóvenes frente a la creciente inquietud de familias, lo que culminó en el traslado de O’Connor junto a sus hijos a Idaho. Allí fue arrestada en 2021, luego de que padres de la comunidad y autoridades reunieran las pruebas que impulsaron la investigación judicial.
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La defensa de O’Connor y las consecuencias legales en juego
Durante el proceso, O’Connor decidió no declarar ante el jurado, aunque en diciembre, desde la cárcel de mujeres de Elmwood en Milpitas, defendió públicamente su accionar.
Se calificó como un chivo expiatorio de las conductas de los adolescentes, asegurando que los involucrados actuaban por su cuenta y que la fiscalía les habría concedido inmunidad a cambio de responsabilizarla a ella. Según The Mercury News, la acusada afirmó que “los adolescentes son ingeniosos, encuentran la forma de conseguir lo que quieren”.
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Añadió: “Fueron castigados y se les prohibió salir en numerosas ocasiones, pero seguían haciéndolo y realmente no había manera de impedirlo”.
En abril de 2023, O’Connor consideró declararse culpable para evitar juicio, pero desistió tras ser informada por la jueza Elizabeth Peterson de que la condena sería de 17 años de prisión. Posteriormente, una nueva acusación del gran jurado elevó la cifra de cargos y amplió la posible sentencia a más de tres décadas en prisión.
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Un punto central para O’Connor fue el peligro de ser obligada a registrarse como delincuente sexual, ya que entre los nuevos cargos tras la acusación de 2023 aparecen dos por penetración sexual agravada.
La fiscalía sostiene que facilitó la intoxicación de dos menores, lo que habría impedido su consentimiento, constituyéndose así en cómplice indirecta de agresión sexual.
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