Represión transnacional china: un legislador japonés pidió considerar la persecución del PCCh en el exterior como una amenaza a la seguridad nacional

Un legislador japonés advirtió en Taiwán que la reciente Ley de Unidad Étnica de China —que entró en vigor cinco días antes de que el periodista japonés Akio Yaita fuera atacado en Taipéi tras dar una conferencia— establece jurisdicción criminal extraterritorial sobre lo que se dice en Tokio, en Taiwán y en cualquier sala del mundo.

Gen Nakatani, diputado de la Cámara de Representantes de Japón y copresidente fundador de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC de sus siglas en inglés), pronunció el discurso en el Ketagalan Forum de Taiwán en el que situó la represión transnacional del Partido Comunista Chino (PCCh) como un asunto de seguridad nacional, no solo de orden público.

“La investigación continúa y no afirmaré nada como definitivo. Diré únicamente esto: la Ley de Unidad Étnica entró en vigor cinco días antes”, señaló Nakatani en referencia al ataque contra Yaita.

El legislador identificó el artículo 63 de esa norma como el mecanismo legal que permite al régimen chino perseguir penalmente a organizaciones e individuos fuera de China. "El gobierno chino afirma jurisdicción penal sobre lo que se dice en Tokio, lo que se dice en Taiwán y lo que se dice en esta sala“, advirtió.

Nakatani, que ocupó el cargo de ministro de Defensa de Japón, trazó una analogía con la defensa aérea para ilustrar el vacío institucional ante la represión transnacional: “Cuando se viola nuestro espacio aéreo, el radar lo detecta y nuestros cazas despegan de inmediato. Pero cuando un ciudadano en nuestro propio suelo ya no puede hablar, por temor a una potencia extranjera, en ningún lado suena una alarma”.

El diputado describió casos concretos que llegaron a su conocimiento como legislador. Detalló que personas provenientes de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong reciben presiones a través de los familiares que dejaron en China, y que fueron fotografiadas al asistir a reuniones en Japón. También refirió el caso de un hombre de 60 años, condenado a tres años y medio de prisión por el gobierno chino: "Hasta hoy, ni él, ni su familia, ni su gobierno han sido informados de cuál se supone que fue su delito“.

Ante ese panorama, Nakatani reclamó una estrategia de respuesta integrada que combine el intercambio de inteligencia, la exposición diplomática, las contramedidas económicas y redes transfronterizas de protección. Sostuvo que tratar la represión transnacional como delitos aislados o como excesos ocasionales de política de seguridad conduce a un callejón sin salida.

“La interferencia extranjera, la coerción económica, los ciberataques: no son eventos sin relación entre sí. Deben entenderse como un único curso de acción organizado que descansa en una estrategia integral“, afirmó el copresidente de IPAC.

El legislador también valoró el rol de Taiwán frente a esta amenaza. "Taiwán, aunque el más expuesto a esta amenaza, forma parte de la comunidad internacional con la voluntad más resuelta y la mayor capacidad“, expresó, al tiempo que subrayó que Japón seguirá junto a Taiwán en los próximos años.

Nakatani recordó que en la cumbre de IPAC celebrada en Taipéi hace dos años, la represión transnacional ya figuraba en la agenda, y que desde entonces la alianza logró llevar ese tema desde los márgenes del trabajo en derechos humanos al centro del debate sobre seguridad nacional. “Las palabras ‘represión transnacional’ han entrado por fin en el uso internacional. Pero el fenómeno en sí no es nuevo. Es un dolor que cargan desde hace tiempo quienes fueron expulsados de sus patrias y que siguen luchando por ellas y por los valores universales”, expresó.