Nueva York exige a 187 gimnasios cumplir reglas de cancelación de membresías

La ciudad de Nueva York ha reforzado su ofensiva regulatoria para asegurar que los residentes accedan a gimnasios sin exponerse a prácticas abusivas durante la contratación o cancelación de membresías.

Este endurecimiento de la fiscalización responde a una problemática que, según autoridades y usuarios, viene generando frustración y pérdidas económicas crecientes en la población, debido a lo que se conoce localmente como “trampas de suscripción”: estrategias contractuales que dificultan la finalización de contratos y generan cobros indebidos por servicios no utilizados.

Como parte de esta estrategia, este jueves el alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York (autoridad municipal) anunciaron un operativo de advertencias y controles que alcanza a 187 grandes cadenas de gimnasios y centros de bienestar, incluidas marcas de alto perfil como PureGym, Planet Fitness y Equinox.

Las comunicaciones enviadas el 19 de febrero exigen a estos establecimientos cumplir estrictamente con la normativa estatal sobre la cancelación de afiliaciones y acatar la ley de protección al consumidor, que prohíbe la publicidad engañosa y las tácticas comerciales que obstaculizan o encarecen la desvinculación de los usuarios.

Esta intervención municipal se enmarca en la orden ejecutiva que el alcalde Mamdani emitió el 5 de enero, instruyendo al DCWP a encabezar una ofensiva contra las tarifas ocultas y los contratos con cláusulas poco transparentes, criticados por su complejidad y opacidad. Mamdani enfatizó: “Los neoyorquinos no deberían necesitar un entrenador personal para cancelar una membresía de gimnasio. Si una empresa facilita la inscripción, pero complica la salida, aplicaremos la ley y protegeremos su tiempo y su dinero”.

Usuarios consultados por el DCWP y medios locales detallan un patrón de obstáculos en estos centros, desde pruebas gratuitas que terminan en renovaciones automáticas hasta la ausencia de información transparente sobre los procedimientos de cancelación y la imposición de trámites complejos o presenciales. Estas prácticas han motivado la presentación de quejas formales y alimentado la desconfianza de un sector cada vez más amplio de la comunidad hacia las cadenas de gimnasios.

De acuerdo con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, una de las tácticas más extendidas consiste en ofrecer pruebas gratuitas que, sin la debida advertencia, derivan en cargos periódicos automáticos, así como renovaciones involuntarias de contratos y la exigencia de procesos de cancelación engorrosos o de difícil acceso. Estas estrategias varían según el local y la normativa aplicable en cada distrito, lo que añade aún más complejidad para los consumidores.

Un análisis realizado por el DCWP sobre los portales web de las cadenas mencionadas detectó que, en la mayoría de los casos, la información sobre cómo cancelar la membresía es insuficiente o está deliberadamente oculta.

Planet Fitness fue la única empresa que publicó vías relativamente directas para cancelar, aunque el proceso requiere navegar por varias secciones del sitio y, según el propio portal, puede implicar el envío de una notificación escrita por correo postal, la visita presencial al gimnasio o la gestión a través del área de socios, “según las pautas estatales y locales”.

Un portavoz de la cadena comunicó al diario digital amNewYork que sus políticas “ya cumplen con los requerimientos legales aplicables” y sostuvo que la empresa seguirá ofreciendo “una experiencia de alta calidad y asequible a los residentes”.

En contraste, Equinox y PureGym, también incluidas en la campaña de advertencia, no respondieron a los pedidos de información de los medios sobre sus políticas de cancelación ni sobre eventuales modificaciones tras la intervención oficial.

Esta falta de respuestas ha sido interpretada por organizaciones de defensa del consumidor como un indicio de la necesidad de una vigilancia más estricta y permanente.

Entre los usuarios que celebraron la medida se encuentra Rich Candia, residente de Staten Island, quien optó por gimnasios comunitarios y pequeños “para evitar las molestias y engaños de los grandes centros”. Candia, con un récord de mil quinientos veinte días consecutivos asistiendo a su gimnasio habitual, subrayó: “Creo que muchas de estas empresas dependen de los ingresos de personas que nunca se molestan en cancelar su membresía. Deberían hacer ese proceso sencillo, pero lo complican intencionadamente para continuar cobrando a quienes ya no usan las instalaciones, y a veces esto puede durar años”.

El caso de Sylvia, también de Staten Island, ilustra otra variante del problema: tuvo que cambiar la tarjeta bancaria para dejar de recibir cargos de LA Fitness, luego de que le negaran la baja pese a reiterados pedidos. “Pedí cancelar pero me dijeron que no era posible. No más gimnasios para mí”, relató.

El DCWP confirmó que ha recibido decenas de denuncias de consumidores que no logran desvincularse de sus suscripciones, lo que genera pérdidas económicas y malestar. El comisionado Sam Levine advirtió sobre el impacto de estos mecanismos: “Ir al gimnasio es bueno para la salud, pero tener que dar vueltas y vueltas para cancelar una membresía indeseada es una pérdida de tiempo y dinero”.

Levine también recalcó la determinación de la ciudad de Nueva York de ejercer una supervisión firme ante prácticas desleales: “El DCWP tomará medidas contundentes contra quienes recurren a tácticas engañosas que perjudican tanto a los consumidores como a los negocios que sí actúan conforme a la ley”.