Ofensiva de Estados Unidos contra el narcoterrorismo marítimo: más de 120 traficantes abatidos en cinco meses

El número de muertos como consecuencia de los bombardeos lanzados por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico ascendió a 126, según confirmó este lunes el Comando Sur estadounidense. La cifra incluye tanto víctimas directas de los ataques como personas dadas por muertas tras desaparecer en el mar.

Desde septiembre pasado, la administración de Donald Trump ha intensificado una ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico oriental, con el objetivo declarado de combatir a los cárteles latinoamericanos, considerados por la Casa Blanca como “narcoterroristas”. De acuerdo con el Pentágono, se han ejecutado al menos 36 ataques letales, en los que han muerto 116 personas de forma inmediata y otras diez se consideran desaparecidas y presuntamente fallecidas tras saltar al mar o no ser localizadas en operaciones de rescate.

El Comando Sur detalló que ocho de los desaparecidos saltaron al agua durante un ataque ocurrido el 30 de diciembre contra tres embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Los otros dos no fueron hallados tras bombardeos realizados el 27 de octubre y el 24 de enero. La Guardia Costera de Estados Unidos participó en los operativos de búsqueda, aunque sin resultados positivos.

La campaña militar, que comenzó con el despliegue de buques y aeronaves en la región, se enmarca en una presión sin precedentes de Washington sobre Venezuela y Colombia. El presidente Trump justificó los ataques como una “escalada necesaria” para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

“Estamos en conflicto armado con los cárteles”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la ofensiva continuará mientras persista la amenaza.

El inicio de la operación coincidió con una de las mayores movilizaciones militares estadounidenses en Latinoamérica en décadas y fue parte de la estrategia que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Desde entonces, los bombardeos a narcolanchas han disminuido, ya que el foco de la administración Trump se ha desplazado a la incautación de buques petroleros vinculados a Venezuela.

La cronología de los ataques muestra una secuencia de operativos en los que Estados Unidos ha destruido al menos 35 embarcaciones en aguas internacionales. Entre los episodios más destacados, el 2 de septiembre se bombardeó una lancha en el Caribe con once presuntos miembros del Tren de Aragua a bordo.

El 28 de octubre, catorce personas murieron en el ataque más mortífero hasta la fecha, tras el bombardeo de cuatro embarcaciones en el Pacífico. El 29 de diciembre, la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en la que se destruyeron varias lanchas y murieron al menos dos tripulantes.

En el Congreso estadounidense, los intentos de sectores demócratas por limitar la capacidad del presidente para ordenar nuevos bombardeos han sido bloqueados por la mayoría republicana, que defiende la legalidad y necesidad de la operación.

Críticos de la campaña también ponen en duda su eficacia, ya que la mayoría del fentanilo que causa muertes por sobredosis en Estados Unidos ingresa por tierra desde México, según datos oficiales. Además, señalan la falta de pruebas públicas sobre los vínculos de las embarcaciones atacadas con el narcotráfico.

Pese a la controversia, la administración Trump ha reforzado la política de ataques preventivos en aguas internacionales, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y cortar las rutas marítimas del narcotráfico. Hasta el 23 de enero, el Pentágono confirmó un total de 36 bombardeos, con 126 personas muertas o desaparecidas.

El futuro de la campaña militar contra narcolanchas dependerá de la evolución política en Venezuela y de la capacidad de la Casa Blanca para mantener el respaldo legislativo y diplomático a sus operaciones en el hemisferio. Mientras tanto, la cifra de víctimas sigue en aumento y el debate sobre la legalidad y legitimidad de los ataques permanece abierto en la comunidad internacional.

(Con información de The Associated Press)