La Corte Suprema de Estados Unidos frenó el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo el bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump en Chicago, impidiendo que las tropas federales participen en operativos migratorios en Illinois.

Esta decisión, adoptada tras más de dos meses de deliberación, representa un revés para la administración Trump, que no logró demostrar la base legal para intervenir con fuerzas militares en el estado.

El tribunal señaló que el gobierno no identificó una autoridad que habilite a las fuerzas armadas para ejecutar las leyes en Illinois. Aunque la resolución no es definitiva, podría influir en otros litigios sobre el uso de militares en ciudades gobernadas por demócratas.

Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, disintieron públicamente. “La protección de los funcionarios federales frente a ataques potencialmente letales no debería ser obstaculizada”, sostuvo.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, celebró la decisión: “Las ciudades, suburbios y comunidades estadounidenses no deberían enfrentarse a agentes federales enmascarados que exigen documentación, juzgan por la apariencia o acento y viven bajo la amenaza de que el presidente despliegue militares en sus calles”, afirmó.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la medida alegando que buscaba proteger a personal y bienes federales ante manifestantes violentos.

El conflicto se originó cuando la jueza federal April Perry bloqueó el despliegue, decisión ratificada por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito. Además, fundamentó su fallo en la falta de pruebas de una “rebelión” y en la ausencia de obstáculos para que la policía local controlara las protestas.

El gobierno federal argumentó que la presencia de la Guardia Nacional era indispensable para proteger a los agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) y sus instalaciones. De acuerdo con USA Today, las protestas frente a la sede de ICE en Broadview derivaron en arrestos y enfrentamientos, con 21 personas detenidas y cuatro agentes heridos.

La administración Trump alegó que existía una rebelión y que no se podían aplicar las leyes con fuerzas regulares, pero tanto la jueza Perry como la Corte Suprema sostuvieron que la ley exige agotar el uso del ejército regular antes de recurrir a la Guardia Nacional.

Por su parte, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, destacó que “las circunstancias extremadamente limitadas bajo las cuales el gobierno federal puede movilizar la milicia en contra de la voluntad estatal no se presentaban en Illinois”.

La orden que impide el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago seguirá vigente mientras avanza el proceso judicial. Según AP, los 200 efectivos de la Guardia Nacional de Texas que estuvieron en la ciudad ya fueron retirados, y la presencia militar se limita ahora a fuerzas bajo control local.

La portavoz Jackson afirmó que el gobierno federal continuará trabajando para salvaguardar al público estadounidense.

El debate sobre el uso de la Guardia Nacional en seguridad interna permanece abierto, con otros litigios similares en curso. La discusión principal es el límite de la autoridad presidencial para emplear fuerzas militares en conflictos domésticos y la autonomía de los estados ante la intervención federal.

(Con información de AP)