La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos renovó su alerta para vuelos civiles en el espacio aéreo venezolano advirtiendo sobre el “empeoramiento de la seguridad y el aumento de la actividad militar” en el país caribeño y su entorno inmediato.
El llamado, publicado este martes, insta a las aerolíneas a actuar con máxima cautela en sus operaciones ante nuevos riesgos, tras la reciente denuncia de un piloto de JetBlue sobre un incidente potencialmente grave cerca de Venezuela con una aeronave cisterna de la Fuerza Aérea de EEUU.
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La actualización de la FAA se produce en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el Caribe. Durante meses, Estados Unidos ha incrementado la presencia de buques de guerra y sobrevuelos en la región, con la justificación de reforzar la lucha contra el narcotráfico y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno de Donald Trump ha declarado incluso a la cúpula chavista como una “organización narcoterrorista” y ofrece recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de sus principales miembros.
La ofensiva estadounidense incluye ataques a embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, y hasta la fecha ha dejado al menos 95 muertos según fuentes militares, lo que ha disparado la tensión regional.
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Según Washington, el objetivo es neutralizar flujos ilícitos que, sostiene, son orquestados y protegidos por el aparato estatal de Venezuela.
Empresas como Copa Airlines anunciaron una nueva extensión de la suspensión de sus vuelos hacia Caracas hasta mediados de enero de 2026, atribuyendo la medida a la falta de operatividad de la pista principal del aeropuerto de Maiquetía y a las condiciones de seguridad.
Air Europa prorrogó igualmente su decisión de no volar a la capital venezolana, extendiendo la cancelación hasta el 31 de diciembre, mientras que aerolíneas como Iberia, Plus Ultra, TAP, Avianca, Gol y Turkish Airlines mantienen suspendidas todas las operaciones hasta nuevo aviso.
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El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, controlado por la dictadura chavista, ordenó cancelar las licencias a todas las compañías internacionales que cubrían la ruta Europa-Caracas y conexiones con buena parte de Sudamérica.
Como resultado, Venezuela se encuentra prácticamente sin vuelos directos con el continente europeo y países clave de la región, elevando la incertidumbre de miles de viajeros y restringiendo la movilidad de ciudadanos y empresas en un momento de máxima fragilidad económica.
Entretanto, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y reguladores estadounidenses mantienen la recomendación de evitar sobrevolar la zona de la costa venezolana y el sur del Caribe, citando múltiples factores que incluyen la militarización del espacio aéreo, riesgo de incidentes y la inestabilidad política.
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La preocupación por la seguridad ha llevado a las aerolíneas a priorizar la integridad de pasajeros y tripulaciones, optando por rutas alternativas y facilitando políticas de cambios y reembolsos para los viajeros afectados.
Los analistas coinciden en que la crisis aérea ilustra el aislamiento de Venezuela, donde la conectividad internacional ha sido una víctima más de la combinación de sanciones, deterioro institucional y la escalada militar. Mientras crecen las complicaciones para viajar desde y hacia el país, Caracas queda cada vez más marginada de los flujos globales, complicando la vida de ciudadanos, empresas y organismos diplomáticos.
En el panorama regional, la situación venezolana se ha convertido en un foco de riesgo operacional y político. El endurecimiento de las advertencias y prohibiciones aéreas revela la profundidad de la crisis y la dificultad de encontrar soluciones inmediatas en un escenario de confrontación geopolítica creciente.
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La evolución del despliegue estadounidense, la respuesta oficial venezolana y la política de las aerolíneas seguirán determinando el grado de desconexión internacional del país en los próximos meses.
(Con información de EFE y AFP)
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