El Tribunal Superior del condado de Fulton puso fin al expediente penal que acusaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a varios de sus ex asesores de interferir en los resultados electorales de 2020 en Georgia.
La resolución fue emitida por el juez Scott McAfee después de recibir una petición formal del fiscal especial del estado, Pete Skandalakis, quien sostuvo que el caso no debía continuar en la justicia estatal y que mantenerlo abierto era impracticable dado que el presidente ocupa nuevamente el cargo.
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Skandalakis explicó en su escrito que los elementos centrales de la acusación coincidían con las investigaciones que el Departamento de Justicia había llevado adelante a nivel federal tras los comicios.
Señaló que el precedente más reciente era la decisión del fiscal especial Jack Smith, quien archivó sus propios expedientes una vez que Trump volvió a la Casa Blanca.
“El Departamento de Justicia tiene normas claras sobre no imputar a un presidente en funciones”, indicó, antes de añadir que continuar en Georgia sería “un ejercicio inútil” debido a esos límites legales.
La defensa del mandatario celebró el cierre inmediato del proceso. Steve Sadow, abogado principal del mandatario republicano, afirmó en un comunicado que el desenlace confirmaba lo que había sostenido desde el inicio.
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“Este caso nunca debió existir. Un fiscal imparcial hizo lo correcto al terminar con esta persecución”, expresó. El juez McAfee adoptó la recomendación de Skandalakis sin demoras y declaró el expediente formalmente archivado.
El caso en Georgia había sido presentado en 2023 bajo la ley estatal contra la delincuencia organizada. La acusación original reunía a Trump y a 18 colaboradores, a quienes se atribuían acciones para revertir la estrecha derrota del entonces presidente en ese estado.
Entre los hechos mencionados figuraban presiones a funcionarios locales, intentos de influir en trabajadores electorales y un plan para certificar falsamente electores a favor de Trump. Con el paso de los meses, cuatro imputados aceptaron cargos menores para evitar ir a juicio.
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En diciembre, la Corte de Apelaciones de Georgia apartó a la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, después de que se conociera su relación personal con Nathan Wade, el abogado que ella misma había designado como fiscal especial.
La corte concluyó que ese vínculo generaba una “apariencia de impropiedad” incompatible con la imparcialidad requerida para sostener un caso de esa magnitud.
Entre los acusados se encontraban figuras cercanas al presidente que luego recibieron indultos, como el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani y el ex jefe de gabinete Mark Meadows.
Esas medidas, sin embargo, solo tenían validez en el ámbito federal y no alcanzaban a los delitos imputados en Georgia. La nueva situación política, combinada con el regreso de Trump al poder, influyó en la evaluación del fiscal Skandalakis sobre la viabilidad de seguir adelante.
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En su presentación ante el tribunal, el fiscal sostuvo que avanzar hacia un juicio sería inviable. Mencionó que el proceso podría prolongarse durante años y que seguirían sin resolverse aspectos fundamentales como la colisión entre jurisdicción estatal y federal o el alcance de la inmunidad presidencial. Para él, el caso estaba “en estado crítico” por la imposibilidad práctica de juzgar a un presidente en ejercicio dentro del sistema penal de Georgia.
El juez McAfee coincidió en esa valoración y ordenó el cierre definitivo del expediente, lo que dejó sin causas penales activas los episodios posteriores a los comicios de 2020.
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La Fiscalía Federal había retirado previamente los cargos por conspiración para revertir los resultados electorales y el caso por los documentos clasificados hallados en la residencia de Trump en Florida, también debido a las directrices internas que prohíben procesar a un mandatario durante su mandato.
En el fallo que selló el archivo, McAfee subrayó que la justicia estatal no podía avanzar sin la participación del principal acusado. La salida de Trump del proceso dejaría sin estructura a la causa, que incluía a 14 implicados adicionales. Al desaparecer esa pieza central, la continuidad del expediente quedaba sin sustento jurídico.
(Con información de AFP)
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