El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera firmar este mismo miércoles la ley que permitirá reabrir el gobierno tras 43 días de paralización, culminando así el cierre presupuestario más prolongado experimentado en el país.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló ante la prensa que el mandatario “tiene ganas de poner fin a este cierre devastador causado por los demócratas y esperamos que la firma tenga lugar esta noche”.
La decisión adoptada por ambas cámaras del Congreso incluye una resolución continua para autorizar la reapertura inmediata del aparato federal. La Cámara de Representantes, bajo mayoría republicana, programó la votación definitiva para la tarde de este miércoles, superando así el último escollo legal antes de reactivar la gestión pública y los pagos atrasados de funcionarios.
Cerca de 800.000 empleados federales dejaron de recibir salario y cientos de agencias y organismos clave, tanto de atención directa como de servicios estratégicos, debieron suspender o reducir de forma drástica sus actividades, por la parálisis del Gobierno. La escena de aeropuertos sin controladores aéreos suficientes ilustró la gravedad del cierre, que interrumpió operaciones cotidianas en todo el país.
Karoline Leavitt insistió en responsabilizar a los demócratas por la duración de la crisis institucional.
“Los demócratas prolongaron este imprudente cierre del gobierno durante semanas para aumentar su movilización en las elecciones”, afirmó la vocera.
El texto aprobado es el que “el presidente Trump y los republicanos han apoyado desde el primer día”, remarcó Leavitt al detallar el contenido de la ley de financiamiento.
El debate principal durante este periodo giró en torno a la exigencia demócrata de prorrogar los subsidios federales para el seguro médico, ayuda que permite a millones de estadounidenses acceder a cobertura sanitaria asequible. Los demócratas no lograron que esa prórroga quedara incluida en el paquete final, aunque obtuvieron el compromiso de que la cuestión se vuelva a discutir a corto plazo en el Congreso.
Los daños colaterales del cierre han quedado evidentes en todas las esferas de la vida nacional. Según explicó la portavoz, la suspensión administrativa generó “serios disturbios en el espacio aéreo estadounidense” y afectó tanto a la “actividad de centenares de agencias públicas” como a la publicación regular de datos oficiales sobre el estado de la economía.
Las oficinas de estadísticas federales también paralizaron su actividad y cientos de funcionarios debieron acogerse a licencias obligatorias sin pago.
“Los informes sobre los precios al consumidor (IPC) y el empleo del mes de octubre probablemente nunca serán publicados”, advirtió Leavitt, lo que afecta la interpretación de los indicadores macroeconómicos para analistas, inversores y tomadores de decisiones a escala internacional.
El shutdown tuvo su inicio el 1 de octubre, tras fracasar las negociaciones presupuestarias entre ambos partidos. A lo largo de seis semanas, miles de ciudadanos dependientes de servicios públicos esenciales experimentaron interrupciones y retrasos en la entrega de beneficios sociales, la tramitación de permisos y el procesamiento de solicitudes en campos diversos, desde la seguridad alimentaria hasta la protección medioambiental.
La reapertura, que Trump prevé autorizar formalmente este miércoles por la noche, pondrá en marcha un proceso gradual de recuperación administrativa. Cada agencia deberá actualizar bases de datos, pagar retroactivamente los salarios perdidos y normalizar la atención al público y la gestión interna.
Analistas anticipan que la normalidad operacional podría demorar entre días y semanas, dependiendo del nivel de acumulación de gestiones y el estado técnico de los sistemas informáticos.
El episodio deja como precedente una advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema institucional frente a bloqueos legislativos.
Mientras entidades gubernamentales apuran la restauración de servicios y el pago de obligaciones, quedan pendientes interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo de la parálisis, tanto para la economía interna como para la confianza de socios internacionales en la estabilidad administrativa estadounidense.
(Con información de AFP y Reuters)
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