Leonardo García Venegas, ciudadano estadounidense de origen latino y trabajador de la construcción en Baldwin, Alabama, emprendió una demanda colectiva contra el gobierno federal de Estados Unidos tras haber sido arrestado dos veces por agentes de migración en los últimos meses.
Según detalló ABC News, el demandante sostiene que fue “detenido de forma improcedente” pese a acreditar su ciudadanía en ambas ocasiones, lo que presuntamente vulneró sus derechos constitucionales.
La demanda, presentada en un tribunal federal y documentada por ABC News, sostiene que las acciones de los agentes de migración fueron “irrazonables” e infringieron la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege contra registros y detenciones arbitrarias.
El documento legal abarca no solo la situación de García Venegas, sino la de otros ciudadanos estadounidenses y residentes legales que han experimentado arrestos similares en lugares de trabajo debido a lo que los demandantes denominan una “política de ingreso sin orden judicial” empleada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante operativos en obras de construcción.
Según la demanda y declaraciones recogidas por ABC News, “DHS autoriza estas redadas armadas bajo la presunción de que ciertos grupos en el sector, incluidos los latinos, probablemente sean inmigrantes irregulares”, afirmó el abogado de García Venegas. El texto agrega que al ingresar a los sitios de trabajo, los agentes habrían centrado su atención en los obreros latinos, omitiendo realizar controles equivalentes a trabajadores de otros orígenes.
Dos arrestos
Los hechos se remontan a mayo, cuando García Venegas fue arrestado por primera vez durante una redada en una obra. El trabajador relató que los agentes, vestidos con uniforme de camuflaje, entraron en el sitio, ignoraron a los trabajadores blancos y afroamericanos y se dirigieron directamente a los empleados latinos, según la denuncia presentada.
Dos semanas después, García Venegas fue arrestado nuevamente en otro lugar privado de construcción. De acuerdo con la versión de los hechos incluida en la demanda, “una patrulla migratoria lo vio trabajando y asumió —sin evidencia suficiente— que era indocumentado”.
En ambas ocasiones, el trabajador afirmó ante los agentes que era ciudadano estadounidense y mostró su REAL ID, una credencial federal exclusiva para ciudadanos y residentes legales, pero su detención prosiguió. Según la demanda, “los agentes siguieron sin permitirle retirarse”.
La situación de García Venegas forma parte de un fenómeno que, según el recurso legal, ha impactado a por lo menos 19 ciudadanos y residentes legales en circunstancias comparables. “Las políticas ilegales que describe la demanda tienen consecuencias reales para estadounidenses inocentes y trabajadores”, expone el documento, incorporando ejemplos adicionales en la presentación judicial.
El gobierno federal implementó operativos en sectores considerados de alto riesgo de empleo irregular, como la construcción, delegando a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) amplias facultades para efectuar detenciones in situ.
La defensa del gobierno federal
En respuesta pública, Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta del DHS, argumentó que “el ICE no arresta ni deporta ciudadanos estadounidenses”. Además, manifestó que, en ocasiones donde ciudadanos estadounidenses han resultado arrestados, ello se ha debido a incidentes de interferencia directa con las acciones de la autoridad. “Cualquier ciudadano que obstruya activamente el trabajo de la policía debe enfrentar consecuencias”, declaró.
El DHS sostuvo que “durante una operación dirigida en un lugar de trabajo, García Venegas intentó impedir la detención legal de un extranjero. Se interpuso entre los agentes y la persona que se pretendía arrestar y desobedeció reiteradas órdenes verbales”. Pese a ello, el trabajador no enfrentó cargos judiciales tras su detención.
Durante el proceso legal, la defensa del gobierno federal ha insistido en que los procedimientos deL ICE respetan los derechos de los ciudadanos estadounidenses y que los protocolos apuntan exclusivamente a identificar personas en situación migratoria irregular o a quienes interfieren en el trabajo policial.
ABC News incluyó la afirmación oficial: “cualquier persona —incluidos los ciudadanos estadounidenses— que interfiera en el cumplimiento de nuestros deberes oficiales enfrentará consecuencias”, aseguró el DHS en un comunicado.
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