Confirman redadas migratorias con apoyo militar logístico en Chicago y en otras ciudades santuario

El gobierno federal ha confirmado que iniciará operativos migratorios de gran alcance en Chicago y en otras ciudades identificadas como santuario, acciones que comenzarán la semana próxima y cuya magnitud, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, representa la medida más ambiciosa adoptada hasta la fecha la administración frente a este tipo de jurisdicciones. Estas ciudades se denominan santuario porque, basadas en políticas locales, evitan colaborar con el gobierno central en la detención y entrega de inmigrantes indocumentados a las autoridades federales, situación que ha generado constantes enfrentamientos políticos desde el inicio del nuevo mandato.

De acuerdo con declaraciones de altos cargos recogidas por diversos medios estadounidenses, los operativos darán comienzo en los días inmediatamente posteriores al Labor Day (Día del Trabajo) —que en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre— con la intención explícita, mencionada por la Casa Blanca, de “elevar la presión y mostrar la disposición de Washington a ejercer mayor control frente a la resistencia local”, afirman funcionarios citados en diversos reportes. Para el caso de Chicago, los preparativos establecen la fecha de inicio para el viernes 5 de septiembre.

Estos movimientos replicarán la estrategia empleada en julio en Los Ángeles, donde se desplegó un importante contingente de equipos tácticos, vehículos blindados y armamento largo. La intervención en la ciudad californiana provocó una reacción social significativa, con la organización de marchas multitudinarias en protesta por los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que fue acusado de uso excesivo de la fuerza en aquellos operativos.

El despliegue de equipos militares y el papel de la base naval Naval Station Great Lakes

El alcance logístico de las nuevas acciones en Chicago y otras ciudades contempla la movilización de recursos militares como apoyo indirecto. Tom Homan, quien funge como “zar de la frontera” designado por el presidente, aseguró en declaraciones recogidas por varios medios de comunicación que “tras el Labor Day se iniciará una intensificación de operaciones migratorias principalmente en Nueva York, Portland, Seattle, Los Ángeles y, especialmente, en Chicago”. Homan afirmó que en estas jurisdicciones “se está liberando amenazas a la seguridad pública a diario”, argumento central esgrimido por el gobierno federal.

Fuentes militares y oficiales, a las que tuvo acceso el diario local Chicago Sun Times, informan que la Naval Station Great Lakes, localizada a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de Chicago, podría ser empleada como base de apoyo logístico entre el 2 y el 30 de septiembre. Un correo firmado por el comandante de la base, Stephen Yargosz, dirigido al personal, indica que equipos del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrían ser alojados temporalmente en dichas instalaciones, aún sin autorización definitiva. Voceros militares aclararon que ningún marino está autorizado para intervenir en las redadas migratorias, restricción establecida por la legislación vigente en materia de operaciones federales en territorio nacional.

Respuesta de las autoridades locales: rechazo a la colaboración

La reacción de las autoridades municipales y estatales de Chicago y Illinois no se hizo esperar. Larry Snelling, superintendente de la Policía de Chicago, enfatizó que su departamento no participará en los operativos federales. “Si nuestros supervisores determinan que un operativo es solo de inmigración, no colaboraremos”, señaló en entrevista con canales locales e internacionales. Snelling puntualizó que la policía de la ciudad sí prestará servicio en caso de manifestaciones, pero únicamente para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, sin implicación en la actividad migratoria.

El alcalde Brandon Johnson también manifestó su disconformidad y denunció la ausencia de comunicación con la Casa Blanca, subrayando que “no hemos recibido información detallada ni notificación formal”. De acuerdo con las declaraciones de Johnson a la prensa local, la realización de operativos de tal naturaleza produce temor centralizado en comunidades enteras, “minando la confianza entre vecinos y autoridades locales”.

Similar fue la posición del gobernador JB Pritzker de Illinois, quien manifestó no haber tratado el asunto con el gobierno federal “ni con ninguno de sus responsables”. Pritzker expresó su rechazo a las redadas, destacando que los índices de criminalidad en Chicago muestran tendencias a la baja en comparación con el año anterior, contraviniendo el argumento federal respecto al supuesto incremento delictivo en la ciudad.

Descontento social, organizaciones civiles y advertencias de derechos humanos

La confirmación de los operativos también motivó el rechazo de numerosas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois, en un comunicado oficial recogido por diversos medios, advirtió que este tipo de acciones incrementan el pánico en las comunidades migrantes, dificultando el acceso cotidiano a hospitales o escuelas por el temor a ser arrestados.

La ACLU subrayó: “Las constantes amenazas de enviar la Guardia Nacional y tropas federales a Chicago reflejan instintos autoritarios. Son innecesarias y simplemente intensifican e inflaman sus ataques contra nuestra democracia”, sostiene el comunicado citado por medios locales. Además, la organización enfatizó que “no existe ninguna emergencia en Chicago que justifique el despliegue de tropas militares”, e instó al gobierno federal a rendir cuentas por las posibles violaciones de derechos humanos derivadas de estos procedimientos.

El uso provisional de instalaciones militares, la negativa de la policía local a colaborar en redadas migratorias, el señalamiento de funcionarios locales y las advertencias de organizaciones defensoras conforman el escenario ante la inminente ejecución de los operativos federales en Chicago y otras ciudades santuario, situación que será objeto de seguimiento por parte de agencias y observadores.