
El gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta para fijar un límite de cuatro años en la estadía de estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y trabajadores de medios internacionales.
La medida, dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca modificar las reglas de los visados F, J e I, que hasta el momento no contemplan una fecha máxima de permanencia y dependen sólo del cumplimiento de los términos de cada programa.
El DHS expuso que el objetivo de la nueva regla reside en facilitar la gestión migratoria y en responder a un “aumento dramático” en la emisión de estos visados. Las cifras oficiales entregadas muestran que el número de visas F pasó de 260.000 en 1981 a 1,6 millones en 2023; los permisos J crecieron más de 250% en ese mismo periodo, ubicándose en torno a 500.000, mientras que los I, dirigidos a trabajadores de medios extranjeros, también duplicaron su número.
Actualmente, los titulares de visas F, J e I pueden mantener su estatus siempre que cumplan con los propósitos académicos, científicos o profesionales por los cuales recibieron el permiso, sin un plazo específico de caducidad.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional implicaría que, al cumplirse el periodo de cuatro años, los estudiantes y visitantes deberían solicitar una extensión de su visa o un cambio de estatus migratorio si desean continuar en el país.
“La normativa vigente se basa en la duración del programa académico o laboral, no en un tiempo limitado, y exige a los portadores de las visas reportar su progreso a las instituciones educativas o agencias respectivas”, detalló el DHS.
El anuncio oficial aclaró que el nuevo sistema persigue evitar estancias prolongadas que excedan los fines originales de ingreso. El DHS señaló que el volumen creciente de visas ha vuelto más complejo el seguimiento de estos visitantes: “el seguimiento eficaz de los extranjeros requiere que las estadías temporales no sean utilizadas como mecanismos para residencias de largo plazo”.

Reacciones a la medida
El debate generado tras la publicación de la propuesta fue recogido por organizaciones educativas y especialistas en migración. Miriam Feldblum, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración, expresó a Newsweek: “la norma propuesta es una medida innecesaria y contraproducente que dificultaría a los estudiantes y académicos internacionales completar sus programas, ya que deberán realizar trámites adicionales para cumplir los requisitos de sus carreras”.
Añadió que los cambios podrían dificultar la llegada de talento académico a los campus estadounidenses: “estas barreras imponen cargas innecesarias a estudiantes, universidades y agencias federales”.
La política migratoria de Estados Unidos viene prestando especial atención al ingreso y permanencia de estudiantes foráneos. De hecho, se ha intentado en varias ocasiones endurecer el sistema de visados, lo que incluyó revisiones de estatus y cambios en procesos de entrevista, aunque muchas de estas medidas no prosperaron luego de ser impugnadas judicialmente. Defensores de programas de intercambio alegan que la experiencia internacional aporta valor académico, científico y económico a Estados Unidos.

El DHS argumentó que las leyes estadounidenses establecen que quienes ingresan al país bajo estas categorías deben tener la intención de permanecer sólo de manera temporal y conservar residencia fuera de la Unión. Destacó además que existen antecedentes de visitantes que permanecieron décadas bajo el mismo estatus.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que la propuesta será sometida a una etapa de comentarios y sugerencias por parte del público, lo que abre un período de debate antes de una eventual implementación.
Según Newsweek, cuando una iniciativa similar se presentó en 2020 fueron recibidas más de 32.000 respuestas, predominantemente en contra. El entonces gobierno federal decidió no avanzar con la propuesta después de ese proceso de consulta.
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