El centro de detención para migrantes, “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, podría quedar vacío en los próximos días, mientras el gobierno estatal y la administración federal mantienen un litigio para intentar frenar una orden judicial que exige su cierre antes de finales de octubre.
La inminente desocupación del centro fue confirmada en un correo electrónico obtenido por The Associated Press (AP), en el cual funcionarios estatales reconocen que la cantidad de detenidos está cerca de llegar a cero.
Según informó la AP, Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), comunicó en un mensaje dirigido al rabino Mario Rojzman que el centro “probablemente estará en cero individuos en cuestión de días”. La veracidad del correo fue avalada tanto por el propio rabino como por su asistente, detalla la agencia.
La noticia surge pocos días después de que una jueza federal en Miami, Kathleen Williams, ordenara el desmantelamiento progresivo del controvertido centro de detención, que había sido recientemente construido con capacidad máxima para alojar hasta 3.000 personas.
Durante su máximo pico de ocupación, “Alligator Alcatraz” llegó a albergar a casi 1.000 detenidos, aunque cifras actuales revelan un declive considerable: en una reciente visita, el representante demócrata por Florida, Maxwell Frost, fue informado de que apenas quedaban entre 300 y 350 reclusos.
El centro fue inaugurado oficialmente el 1 de julio en una pista aérea remota de entrenamiento dentro de los Everglades, después de una inversión estatal de más de 245 millones de dólares en contratos de construcción y operación.
La instalación, que formó parte de una expansión de la infraestructura migratoria promovida por el presidente Donald Trump, fue señalada como “modelo para futuros centros de retención” durante una visita del propio mandatario.
La demanda que impulsó el cierre del centro
Diversos sectores, incluidas organizaciones ambientales y la Tribu Miccosukee, interpusieron demandas ante los tribunales.
Argumentaron que el centro no solo amenaza flora y fauna protegidas en áreas vulnerables de los Everglades, sino que también contraviene los avances logrados en restauración ambiental tras décadas de inversión pública. Uno de los señalamientos en la denuncia subraya que “el funcionamiento del centro pone en riesgo humedales ricos en biodiversidad, hogar de especies protegidas”.
La demanda impulsada por la Tribu Miccosukee y organizaciones ambientalistas fue determinante en la decisión judicial. Desde la perspectiva de los demandantes, la apertura de “Alligator Alcatraz” revertiría “billones de dólares” invertidos en restaurar el ecosistema.
Las acciones legales también forzaron a la jueza Williams a emitir una orden que prohíbe nuevas detenciones en el recinto y exige el retiro de la infraestructura temporal, como cercas y generadores, una vez desalojados los últimos internos.
Denuncias de vulneraciones de derechos humanos
Además de los cuestionamientos ambientales, el centro acumuló denuncias de posibles vulneraciones de derechos humanos. Abogados civiles presentaron demandas que alertaban sobre problemas severos “desconocidos previamente en el sistema de detención migratoria”.
Entre las acusaciones se incluyen la desaparición de detenidos del localizador del ICE, la falta de determinaciones iniciales de custodia o fianza y la imposibilidad de que familiares y defensores localizasen a los reclusos.
Las condiciones dentro de “Alligator Alcatraz” contribuyeron al debate público. Testimonios recopilados por organizaciones civiles mencionan la presencia de insectos en la comida, retretes sin funcionar, inundaciones con aguas residuales y plagas de mosquitos.
La presión judicial aumentó a partir de estos reportes, sumándose al reclamo ambiental en torno a la legitimidad y necesidad de este tipo de instalaciones en el sur de Florida.
La respuesta del gobierno
Desde el gobierno estatal, la administración del gobernador Ron DeSantis sostiene que la infraestructura es indispensable ante la saturación de otros centros migratorios. En respuesta a la orden de cierre, tanto Florida como el gobierno federal solicitaron dejar sin efecto el fallo mientras evalúan recursos legales.
En su demanda, el gobierno federal argumenta que el centro de los Everglades, apodado “Alligator Alcatraz”, dispone de miles de camas necesarias para evitar el hacinamiento en otras instalaciones.
La jueza Williams aún no se ha pronunciado sobre la petición de suspender su orden. Mientras tanto, organizaciones demandantes subrayan la próxima apertura de una segunda instalación, llamada por el gobernador DeSantis como “Deportation Depot”, lo que en su opinión resta fundamento a la reivindicación de que el centro del sur es imprescindible.
The Associated Press reportó también que al menos 100 personas detenidas en “Alligator Alcatraz” fueron deportadas y otras trasladadas a diferentes centros desde el inicio de operaciones. El gobierno estatal, hasta el miércoles 27 de agosto, no había ofrecido comentarios oficiales sobre la situación actual del centro.
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