El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio comenzar el desarrollo de un nuevo censo nacional en el que no se contemple a los inmigrantes que residen ilegalmente en el país.
La medida fue comunicada por el propio mandatario a través de su red social Truth, donde afirmó: “He instruido a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo y altamente preciso CENSO basado en datos y cifras actuales... Las personas que están en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”.
El presidente sostuvo que el objetivo es elaborar una medición de la población que, a diferencia de los censos realizados desde 1790, excluya expresamente a quienes no tienen estatus legal.
Las poblaciones estatales relevadas por el censo se utilizan en una fórmula establecida por ley para redistribuir los escaños de la Cámara de Representantes, y los datos también inciden en la distribución de fondos federales y la determinación de los votos para el Colegio Electoral.
El próximo censo está programado para 2030. Por tradición, el conteo de la Oficina del Censo incluye a todas las personas que residen en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio.
De acuerdo con el cronograma vigente, los resultados se darán a conocer en 2031, dos años después del final del actual mandato presidencial. Los datos resultantes orientarán los nuevos mapas congresionales, asignando o restando representantes a cada Estado según los cambios demográficos detectados.
Un intento anterior
La nueva indicación del gobierno de Estados Unidos revive un intento anterior iniciado durante la administración de Trump en 2020. En ese entonces, se buscó preguntar sobre el estatus de ciudadanía en el censo, una decisión que fue detenida por la Corte Suprema, la cual consideró que la argumentación para tal medida había sido “aparentemente artificiosa”.
Aquella política también fue declarada ilegal por tribunales inferiores. Posteriormente, la administración de Joe Biden ordenó restablecer la práctica de contar en el censo a todos los residentes del país, independientemente de su situación migratoria.
Críticas a la medida
Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de derechos electorales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), criticó la iniciativa y afirmó que “nadie debería ser borrado del censo”, señalando que la Constitución estipula contar a todas las personas residentes.
El contrato del censo implica una infraestructura masiva y un presupuesto significativo. El conteo de 2020 costó al gobierno 13.700 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU.
Respecto al equipo encargado del operativo, Trump no ha designado un director oficial para la Oficina del Censo. Actualmente, la dirección está en manos de Ron Jarmin, funcionario de carrera que ya había coordinado el organismo durante el primer mandato presidencial de Trump.
Con la planificación del censo 2030 ya en marcha, expertos en demografía y derechos civiles advierten que los cambios propuestos podrían impactar de manera significativa la representación política y la distribución de recursos federales durante la próxima década.
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