Una investigación federal expuso una presunta red de corrupción en Louisiana, donde varios jefes de policía —actuales y retirados— junto a un operador de una tienda Subway habrían participado en un esquema para falsificar reportes policiales que beneficiaban a ciudadanos extranjeros en la obtención de visas U, destinadas a víctimas o testigos de delitos.
La acusación formalizada por un gran jurado federal movilizó a las autoridades y plantea interrogantes sobre el uso fraudulento de este sistema migratorio en Estados Unidos.
La acusación federal, de 62 cargos y divulgada este miércoles 16 de julio, implica a dos jefes policiales en funciones, un exjefe policial, un mariscal y el operador de la franquicia Subway.
Todos enfrentan cargos por soborno, fraude postal, lavado de dinero, conspiración y fraude migratorio, según lo detalló Alexander Van Hook, fiscal federal interino del Distrito Oeste de Louisiana. El supuesto entramado operó durante casi una década, entre diciembre de 2015 y julio de 2025.
“La emisión de visas U es fundamental para que las agencias de seguridad puedan esclarecer casos en los que hay víctimas, pero los cupos son limitados y los fraudes afectan a quienes realmente necesitan protección”, advirtió Van Hook durante la presentación de la investigación.
Fraude sistemático en el otorgamiento de visas U
Las visas U fueron creadas para permitir que ciudadanos extranjeros sin estatus migratorio puedan permanecer en el país cuando colaboran como víctimas o testigos en investigaciones de delitos graves. Pero el sistema, según la acusación, fue manipulado para beneficiar indebidamente a al menos 24 personas cuyos apellidos coinciden: Patel.
La investigación señala como figura central a Chandrakant “Lala” Patel, operador de un local de Subway en Oakdale. Patel presuntamente pagó 5.000 dólares a oficiales para que redactaran informes policiales falsos, donde se afirmaba que 24 ciudadanos eran víctimas de delitos.
La acusación señala que el grupo concertaba los informes y presentaba solicitudes fraudulentas de visas. “El operador del restaurante pagaba a los oficiales para que fabricaran toda la documentación. Esto es una violación a la confianza pública y a las leyes migratorias”, manifestó Van Hook.
Los acusados en este caso incluyen:
- Chandrakant “Lala” Patel, residente de Oakdale, Louisiana, encargado del local Subway, enfrenta cargos de soborno, fraude postal, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude migratorio.
- Chad Doyle, jefe de policía de Oakdale, acusado de fraude de visas, fraude postal, lavado de dinero y conspiración.
- Michael “Freck” Slaney, mariscal en Oakdale, procesado por fraude de visas y delitos asociados.
- Glynn Dixon, jefe de policía de Forest Hill, Louisiana, encausado por fraude de visas, fraude postal, lavado de dinero y conspiración.
- Tebo Onishea, exjefe policial de Glenmora, acusado de fraude de visas, fraude postal y conspiración.
Indagatoria y repercusiones
Los documentos judiciales, de 21 páginas, citados por The Associated Press, incluyen solo las iniciales y el apellido de los supuestos beneficiarios, todos de apellido Patel. Las autoridades señalaron que no se ha confirmado si existe parentesco entre los beneficiarios de las visas y el operador acusado.
En declaraciones a la prensa, Van Hook subrayó la gravedad de los cargos: “Estos delitos no solo socavan la confianza en las fuerzas del orden y en el sistema migratorio, también les niegan a las verdaderas víctimas la posibilidad de obtener una protección que podría salvarles la vida”.
El esquema presuntamente consistía en que el operador del restaurante contactaba a los policías, quienes a cambio de pagos emitían los reportes falsos. Estos documentos servían luego de respaldo para las peticiones migratorias, que eran enviadas por correo postal como parte del proceso de solicitud, lo que deriva en los cargos de fraude postal.
El comunicado de la fiscalía remarca la importancia de proteger la integridad del programa de visas U: “El propósito de la visa U es ayudar a resolver crímenes y proteger a quienes colaboran con la justicia. Cualquier abuso pone en riesgo la efectividad de este mecanismo”.
La investigación permanece abierta e involucra también pesquisas sobre el destino del dinero recibido por los funcionarios policiales. Los acusados enfrentarán pronto su primera comparecencia ante la corte federal. Las autoridades han señalado que continuarán analizando cada una de las solicitudes vinculadas para detectar más casos de fraude migratorio.
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