La detención de Barbara Stone, una abuela de 71 años y ciudadana estadounidense, en una corte de inmigración en San Diego ha desatado controversia y preocupación en la comunidad migrante y entre organizaciones de derechos civiles.
La mujer fue esposada el martes 8 de julio por agentes federales tras ser acusada de empujar a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalamiento que ella y su familia niegan categóricamente.
Stone acudió al tribunal para documentar arrestos de ICE y observar el trato hacia los inmigrantes durante las audiencias.
De acuerdo con el testimonio de su esposo, Gershon Shafir, la presencia de Stone formaba parte de una labor ciudadana de supervisión y defensa de derechos humanos: “Ella es una persona de voz suave que estaba aquí para proteger a refugiados inocentes, y es la última persona en el mundo que golpearía a un agente o interferiría en su trabajo”.
Stone permaneció ocho horas bajo custodia y relató a NBC News 7 el impacto físico y emocional de lo vivido: “tengo un gran hematoma. Me siento traumatizada mental y físicamente”.
Un video del incidente, compartido con la cadena NBC News 7, muestra el momento exacto en que la tensión escaló. Un agente culpó a Stone de haberlo empujado, versión que la mujer rechaza. “No lo hice”, afirmó en entrevista. Durante la detención, además del maltrato recibido, agentes federales le confiscaron el teléfono y aseguraron que podrían detener a más personas, según se escucha en la grabación.
Tras una serie de intentos, el medio no obtuvo comentarios oficiales por parte del ICE, que remitió el caso al Servicio Federal de Protección (FPS), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. El FPS tampoco ofreció una respuesta a las consultas.
Clima de miedo y vulnerabilidad
De acuerdo con diversas organizaciones civiles, el caso de Stone simboliza el clima de miedo y vulnerabilidad que enfrentan no solo los migrantes, sino también quienes los apoyan.
Ruth Méndez, portavoz de la agrupación Detention Resistance, subrayó la preocupación por el efecto intimidatorio del procedimiento federal contra la abuela: “el miedo es muy, muy real aquí, y los voluntarios que están acudiendo hoy lo hacen sabiendo que podrían correr el riesgo de ser detenidos”.
La joven activista afirmó que la detención de Stone, ciudadana estadounidense, envía un mensaje disuasivo a la comunidad: “el mensaje que se transmitió fue muy claro: que tengamos miedo de volver y hacer el trabajo que estamos haciendo”.
Méndez agregó que “todos los estadounidenses deberían saber que así es como se gasta el dinero de sus impuestos, y que es realmente una vergüenza. Las personas que realmente están sufriendo son las que buscan asilo”.
Hasta ahora, no se han presentado cargos formales contra Barbara Stone, pero su familia reportó la incautación de su dispositivo móvil y el retraso en su liberación.
El incidente ha generado repercusiones más allá del caso individual, pues organizaciones como Detention Resistance advierten sobres posibles consecuencias invisibles: la posibilidad de que otras personas dejen de ofrecerse como voluntarias para proteger a inmigrantes por temor a represalias o detenciones arbitrarias.
El episodio reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y los límites de sus atribuciones frente a ciudadanos que ejercen derechos constitucionales.
La Primera Enmienda protege la observación y documentación de procedimientos oficiales en lugares públicos, incluida la cortes de inmigración, como recordó Méndez tras la detención de Stone.
Pese a lo ocurrido, la abuela aseguró a medios locales que, a pesar del trauma físico y mental sufrido, considera vital continuar con el voluntariado: “Volvería a hacerlo”.
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