Una jueza federal ordenó este miércoles 25 de junio la liberación bajo palabra del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado formalmente en Estados Unidos de participar en una operación internacional de tráfico de personas.
La medida fue adoptada por la jueza Barbara Holmes, quien rechazó el pedido de la fiscalía para mantener al acusado en prisión preventiva. Según explicó en audiencia, el gobierno no logró demostrar que Ábrego García represente un peligro inmediato ni que exista un alto riesgo de fuga.
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“El gobierno no presentó pruebas concluyentes que justifiquen su detención mientras espera juicio”, dijo Holmes durante la audiencia en el tribunal federal de Nashville.
Pese a la orden judicial, la jueza advirtió que Ábrego García, de 29 años, podría ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en cuanto recupere la libertad. Esa decisión queda en manos del gobierno federal y está fuera de la jurisdicción de su corte.
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Holmes pidió al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que trabajen conjuntamente para asegurar que el acusado comparezca ante la justicia en el estado de Tennessee por los cargos que enfrenta. “No puedo ordenar acciones a ICE, pero sí exhorto al gobierno a no frustrar el proceso penal”, añadió la jueza.
Condiciones estrictas para su liberación
La jueza impuso varias condiciones a la liberación de Ábrego García: deberá cumplir con arresto domiciliario, estará sometido a monitoreo electrónico, pruebas obligatorias de drogas, terapia de manejo de ira, y tiene prohibido cualquier contacto con miembros de la pandilla MS-13.
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La fiscalía sostiene que el acusado tiene vínculos con esa organización criminal, clasificada como terrorista por Estados Unidos, y que podría intimidar a testigos. No obstante, la jueza concluyó que los supuestos testimonios que lo vinculan con la pandilla eran vagos, contradictorios y sin fundamento verificable.
Deportado a megacárcel de El Salvador
Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador en marzo pasado por órdenes de la administración del presidente Donald Trump, a pesar de que una orden judicial federal le impedía ser expulsado del país.
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El gobierno alegó una “falla administrativa”. Posteriormente, un juez federal en Maryland consideró la deportación como ilegal y la Corte Suprema respaldó su retorno a Estados Unidos.
Fue entonces cuando un gran jurado federal en Nashville lo acusó formalmente el 21 de mayo por presuntamente participar en una conspiración para introducir migrantes indocumentados desde Centroamérica y Sudamérica a territorio estadounidense entre 2016 y 2025. El acusado niega los cargos y se declaró no culpable.
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Afuera del tribunal, Jennifer Vásquez Sura, esposa de Abrego García, denunció que su pareja fue “secuestrado por la administración Trump” hace 106 días. “Hoy es nuestro aniversario de bodas y debería estar celebrando en casa, pero estoy aquí acompañada por líderes comunitarios”, declaró.
La situación de Ábrego García se ha convertido en símbolo de las tensiones entre los procesos judiciales, las decisiones administrativas de inmigración y las políticas de seguridad fronteriza impulsadas por el gobierno nacional.
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