California aprobó siete leyes para regular los centros de datos: cómo buscan proteger a los usuarios de la electricidad

El gobernador de California, Gavin Newsom firmó el lunes 7 leyes para regular la expansión de los centros de datos y evitar que su demanda eléctrica encarezca las tarifas de los usuarios.

El paquete también exige mayor transparencia sobre el consumo de agua y energía de instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial.

La decisión revierte la postura de Newsom el año pasado, cuando vetó una propuesta sobre divulgación hídrica. Según el diario estadounidense Los Angeles Times, entonces cuestionó imponer requisitos rígidos a una infraestructura digital que consideraba crítica sin una evaluación completa de sus efectos empresariales.

Los centros de datos ya consumen el 2% de la electricidad de California y la Comisión de Energía estatal proyecta que su demanda se duplicará en la próxima década.

Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California realizada en julio señaló, además, que el 73% de los residentes se opone a construirlos en sus comunidades.

Las empresas deberán pagar por la infraestructura eléctrica adicional

Las normas establecen que los centros de datos cubran los costos de nueva generación eléctrica y de las mejoras necesarias para conectarlos a la red.

También deberán aportar a programas financiados con las facturas de los usuarios, entre ellos los destinados a la mitigación de incendios forestales.

La Ley del Senado 886, del senador estatal Steve Padilla, y la Ley de la Asamblea 2383, impulsada por el asambleísta Rick Chavez Zbur, ordenan a la Comisión de Servicios Públicos de California definir requisitos y tarifas específicas para estas instalaciones.

Mark Toney, director ejecutivo de Utility Reform Network, sostuvo que el paquete busca impedir que los hogares y las empresas subsidien esa demanda.

Según explicó al diario, las compañías deberán financiar por adelantado la infraestructura que necesiten y asumir una parte proporcional de los programas sostenidos por los clientes de servicios públicos.

La Ley de la Asamblea 1577, presentada por Rebecca Bauer-Kahan, obligará a los operadores a informar su consumo eléctrico y sus indicadores de eficiencia. La Comisión de Energía de California deberá publicar los datos cada año.

Los permisos quedarán sujetos a evaluaciones sobre el uso de agua

Dos iniciativas de la asambleísta Diane Papan incorporan controles hídricos. Los operadores deberán declarar el volumen de agua que prevén usar y su procedencia al pedir una licencia comercial o un permiso.

Los desarrolladores de centros de datos nuevos o ampliados tendrán que entregar, además, una evaluación hídrica y un plan frente a la escasez.

Las ciudades y los condados no podrán aprobar obras sin esa documentación. Si un proyecto requiere ampliar el sistema local de abastecimiento, el desarrollador deberá pagar la obra.

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley habían advertido que existe escasa información pública sobre el consumo real de agua de estas instalaciones.

Michael Kiparsky, director del Instituto Wheeler del Agua de esa universidad, reclamó apoyo técnico estatal para que los gobiernos locales determinen si sus recursos hídricos alcanzan antes de conceder permisos.

La regulación coincide con prohibiciones y moratorias locales

Newsom contrapuso las leyes con la desregulación promovida por el presidente Donald Trump, defensor de la expansión de los centros de datos.

El gobernador afirmó que, sin controles, las comunidades quedan expuestas a mayor presión sobre la red eléctrica, el agua y la contaminación.

La Data Center Coalition, que se opuso a los proyectos, advirtió que las obligaciones podrían frenar el desarrollo de instalaciones y desplazar inversiones hacia otros estados.

El debate ocurre mientras ciudades y condados aplican restricciones. Monterey Park prohibió los centros de datos de forma permanente en junio; otras ciudades del valle de San Gabriel, el condado de Los Ángeles, Imperial, Desert Hot Springs y Palm Springs aprobaron moratorias. Coachella también estableció una prohibición permanente.

La mayor parte de las instalaciones californianas se concentra en Santa Clara y San José. Su escala suele ser menor que la de los complejos de inteligencia artificial de más de 500 megavatios previstos en otras zonas de Estados Unidos: los precios de la electricidad y los límites a los generadores a gas mantienen a la mayoría por debajo de los 100 megavatios.