El juez a cargo del caso contra Nicolás Maduro emitió una orden para regular el acceso y la divulgación de las pruebas

El juez federal Alvin K. Hellerstein, a cargo del proceso penal contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, dictó el martes una orden de protección para regular el acceso y la divulgación de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa.

La resolución obliga a la Fiscalía a compartir con los abogados de Maduro los documentos, objetos e informaciones reunidos en la causa. El magistrado dividió ese material en categorías, según el riesgo que pueda generar para el expediente, la privacidad de terceros o investigaciones en curso.

Hellerstein ordenó también la entrega de material exculpatorio y de impugnación, aunque reconoció que parte de esas pruebas podría afectar la privacidad de personas, comprometer pesquisas sobre individuos que no enfrentan cargos o generar una difusión pública perjudicial para el proceso.

Las evidencias que la Fiscalía aporte no podrán ser divulgadas por los acusados ni por sus representantes legales. La prohibición incluye publicaciones en internet y filtraciones a medios de comunicación.

El magistrado indicó que la Fiscalía notificó que una parte de la información se encuentra en formato digital y procede de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos incautados a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación.

“Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación”, establece la orden.

La categoría APO limita la posesión de esos archivos a los abogados defensores y a su personal. Maduro y Flores no podrán conservar físicamente el material, salvo durante su revisión bajo supervisión de sus representantes legales. La orden mantendrá su vigencia una vez concluido el expediente penal, y el tribunal conservará competencia para exigir su cumplimiento. Ambos detenidos fueron arrestados el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados.

La defensa de Maduro solicitó el pasado 3 de septiembre e Estados Unidos que se desestime la causa penal en su contra por inmunidad soberana. De forma alternativa, solicitó que se retire el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.

El abogado Barry Pollack presentó dos mociones ante el tribunal que procesa a Maduro en Nueva York. La primera plantea el cierre total de la acusación bajo el argumento de que el acusado conserva inmunidad como “jefe de Estado de facto”. La segunda pide anular únicamente el cargo de narcoterrorismo si el tribunal rechaza el primer planteo.

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.

En el escrito principal, Pollack sostuvo que un tribunal estadounidense no tiene competencia para juzgar a Maduro porque los hechos descritos en la acusación corresponden a actos propios de sus funciones oficiales y a atribuciones estatales. “El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (...). Tiene derecho a ambas”, indicó la defensa.

El letrado solicitó que el caso se cierre “con perjuicio”, una fórmula que impediría presentar de nuevo la misma acusación contra el venezolano.

En la segunda moción, Pollack cuestionó el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo. Argumentó que el tribunal carece de jurisdicción y que la imputación no cumple con los requisitos de la legislación estadounidense. El cargo “pretende acusar a un ciudadano extranjero” por una “conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional”; no establece su “intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses”, y “no está dentro de la autoridad del Congreso para regular”, escribió Pollack.

(Con información de EFE)