La Cámara de Representantes de Rhode Island ha aprobado un presupuesto estatal de $13.900 millones que introduce un recargo fiscal sobre segundas residencias de lujo, una medida conocida popularmente como el “Impuesto Taylor Swift”, que podría suponer para la cantante un pago adicional de $136.000 anuales en tributos.
La decisión, adoptada la semana pasada en la capital de Rhode Island, responde a la creciente preocupación por la asequibilidad de la vivienda en las comunidades costeras del estado.
El nuevo recargo se dirige a propiedades residenciales no ocupadas por sus dueños, cuyo valor supera 1 millón de dólares y que permanecen vacías durante más de la mitad del año. Esta legislación, que aún debe recibir el visto bueno del Senado estatal, podría entrar en vigor en julio de 2026.
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El apodo de “Impuesto Taylor Swift” no es casualidad
La artista posee una mansión valorada en $17 millones de dólares en Watch Hill, una de las zonas más exclusivas de la costa de Rhode Island.
Su caso ilustra el alcance de la medida, aunque decenas de propietarios de viviendas de lujo a lo largo del litoral también se verán afectados.
El recargo establece una tarifa anual de $2.50 por cada $500 dólares de valor tasado que exceda el primer millón de dólares.
Así, una propiedad como la de Taylor Swift enfrentaría una factura fiscal considerablemente mayor, pero la medida no se limita a celebridades: impactará a numerosos dueños de segundas residencias de alto valor.
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La iniciativa surge en un contexto de tensiones crecientes entre residentes permanentes y propietarios de temporada. En las comunidades costeras de Rhode Island, muchos acusan a los residentes adinerados de temporada de elevar los precios de las propiedades y contribuir poco a la vida comunitaria durante el año.
El presupuesto aprobado no solo contempla el recargo sobre segundas residencias de lujo. Incluye también un aumento del 63% en el impuesto de transferencia que deben abonar todos los vendedores de propiedades.
La tasa pasa de $2.30 a $3.75 por cada $500 dólares del precio de venta
Para el precio medio de una vivienda en Rhode Island, que ronda los $493.000 dólares, esto significa que los vendedores pagarán aproximadamente $3.700 dólares en impuestos de transferencia, frente a los cerca de $2.200 dólares que se exigían anteriormente. Este incremento afecta a un amplio espectro de transacciones inmobiliarias y ha generado inquietud en el sector.
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La reacción de la industria inmobiliaria no se ha hecho esperar
La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Rhode Island ha manifestado una oposición frontal a ambas medidas. Chris Whitten, presidente de la organización, advirtió sobre el posible impacto negativo en un mercado inmobiliario que ya enfrenta tensiones. En declaraciones a NBC 10, Whitten solicitó a los legisladores: “Por favor, no tomen de nuestro mercado inmobiliario en este momento para equilibrar el presupuesto de otros rubros, va a ser perjudicial”. La preocupación se centra en que estos cambios puedan desalentar la inversión y dificultar aún más el acceso a la vivienda.
Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports y propietario de viviendas de lujo en la vecina Massachusetts, expresó su inquietud ante la posibilidad de que otros estados adopten medidas similares. En una entrevista con Fox Business, Portnoy afirmó: “No nos gusta ese impuesto, Stuart”, y manifestó su temor de que los estados vecinos puedan “tomar ideas” y replicar el modelo de Rhode Island.
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Desde el ámbito legislativo, la justificación de la medida se centra en la necesidad de abordar dos crisis simultáneas: la atención médica y la escasez de viviendas. El presidente de la Cámara, Joe Shekarchi, defendió la decisión como una forma de distribuir la carga fiscal de manera más equitativa.
En un comunicado, Shekarchi explicó: “Consideré que era más equitativo aumentar los costos en las segundas viviendas valoradas en más de un millón de dólares que aumentar la carga fiscal sobre las familias trabajadoras de Rhode Island”. Esta postura busca proteger a los residentes permanentes y a las familias de ingresos medios y bajos, trasladando parte del esfuerzo fiscal a quienes poseen propiedades de alto valor y uso esporádico.
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