
Un automovilista sufrió un giro dramático en su vida tras ser golpeado por un objeto metálico mientras cruzaba el puente George Washington el 2 de marzo de 2020. Ese día, Joseph Rosario, de 28 años, conducía en dirección a Nueva Jersey por el nivel superior del puente cuando, de manera inesperada, un trozo de acero atravesó el parabrisas de su vehículo.
El impacto fue directo en la cabeza, provocándole una lesión cerebral traumática que derivó en discapacidades cognitivas y funcionales graves, así como desfiguración permanente y pérdida de funciones corporales. El accidente se produjo “de repente y sin previo aviso”, conforme a la demanda presentada ese mismo año, y cambió para siempre el destino de Rosario, que enfrentó una recuperación compleja y secuelas irreversibles.
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Las consecuencias para Rosario han sido devastadoras. La demanda detalla que el joven sufrió daños que afectan de modo permanente su calidad de vida y autonomía. La gravedad de la lesión cerebral traumática generó limitaciones cognitivas y funcionales, con una desfiguración física que marca su día a día. Esta situación desencadenó un proceso legal de larga duración, en el que se buscó determinar la responsabilidad por el accidente y obtener una compensación acorde con los daños sufridos.

El caso llegó a un acuerdo extrajudicial entre las partes implicadas más de seis años después del incidente. El 8 de mayo de 2026, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey aceptó indemnizar a Rosario con 10,5 millones de dólares, resolviendo así la demanda tan solo tres días antes de la fecha fijada para el juicio. Además, las empresas constructoras Skanska Koch Inc. y El Sol Contracting, responsables de obras en el puente al momento del accidente, también alcanzaron un acuerdo, aunque la cantidad que abonaron no se reveló en los documentos judiciales.
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El proceso legal estuvo marcado por una exhaustiva revisión de alrededor de 19.000 documentos, tarea que llevó adelante el equipo legal encabezado por Edward Capozzi, abogado de Rosario. Este esfuerzo tenía como objetivo preparar la demanda y garantizar que todos los aspectos del caso estuvieran cubiertos de cara a un eventual juicio. La resolución extrajudicial puso fin a un litigio prolongado, pero también expuso cuestiones estructurales sobre la seguridad y el mantenimiento del puente.
Los antecedentes de accidentes por escombros en el puente George Washington forman parte del contexto central del caso. Los documentos judiciales citan numerosos incidentes previos en los que vehículos resultaron dañados al chocar contra grandes restos de materiales en la calzada.
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Antes del accidente de Rosario, ya se habían registrado diversos episodios similares, lo que subraya la persistencia de un problema de seguridad vial en una de las infraestructuras más transitadas de la región. La frecuencia de estos accidentes fue uno de los elementos clave que alimentaron las críticas sobre la gestión y el mantenimiento del puente por parte de las autoridades responsables.
La investigación para determinar el origen del objeto metálico que hirió a Rosario fue exhaustiva pero, finalmente, inconclusa. Tras el accidente, el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria inició una pesquisa de varios días, en la que se revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia, se entrevistó a testigos y se inspeccionaron diversos camiones que circulaban en las inmediaciones del accidente.
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El objeto resultó ser una ballesta, pieza de acero perteneciente al sistema de suspensión de un camión. Un testigo relató haber visto cómo el objeto caía desde los carriles en dirección este y se estrellaba contra el parabrisas del vehículo de Rosario, mientras que otro señaló que parecía provenir de un camión volquete rojizo.
Sin embargo, tras rastrear e inspeccionar varios vehículos, la policía no halló pruebas concluyentes de que alguno hubiera perdido la ballesta. Las imágenes de vigilancia sugerían que el objeto podría haber estado en la carretera antes del incidente, en lugar de haber sido lanzado por un vehículo en movimiento. La investigación concluyó que el hecho fue de “naturaleza accidental” y se cerró la causa criminal.
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Las prácticas de limpieza y mantenimiento del puente George Washington quedaron bajo escrutinio tras el accidente. Los registros judiciales revelaron que, aunque el puente se limpiaba varias veces por semana, no existía un programa específico para identificar y retirar escombros de manera sistemática.
Cada limpieza solía llenar varios camiones volquete con objetos dejados por vehículos o por las propias cuadrillas de trabajo. Un detalle relevante es que, según los registros, durante el día el puente no se barre en absoluto, lo que deja abiertas ventanas de tiempo en las que los escombros pueden acumularse y representar un riesgo para los automovilistas. Además, se constató que los trabajadores encargados de la limpieza solían copiar y pegar información genérica en los reportes diarios, en lugar de documentar de manera precisa los restos recogidos y su ubicación.
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Críticas y sugerencias sobre la gestión de la Autoridad Portuaria
El manejo de la Autoridad Portuaria ante este tipo de incidentes ha sido objeto de críticas. El abogado de Rosario, Edward Capozzi, cuestionó la frecuencia de las inspecciones y la eficiencia del sistema utilizado para predecir zonas de acumulación de escombros. Entre las sugerencias planteadas se incluyó la necesidad de aumentar la frecuencia de las inspecciones, instalar cámaras adicionales y mejorar el registro de las labores de limpieza.
Capozzi sostuvo que la gestión pudo haber sido “mucho más eficiente”, lo que habría reducido los riesgos para los usuarios del puente. La Autoridad Portuaria, por su parte, evitó responder si había implementado cambios tras el accidente, aunque sí afirmó que realiza limpiezas e inspecciones periódicas para garantizar la seguridad vial.
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