Después de casi siete años del colapso del Hard Rock Hotel de Nueva Orleans, el juez Kern Reese aprobó un acuerdo de USD 106 millones.
La resolución cierra la batalla judicial por una tragedia en la que murieron los trabajadores Anthony Magrette, Jose Ponce Areola y Quinnyon Wimberly, además de dejar más de un centenar de heridos y fuertes pérdidas para comercios, organismos públicos y propietarios de inmuebles cercanos.
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El acuerdo agrupa cientos de demandas
De acuerdo con Associated Press, el expediente consolidó múltiples demandas en un solo caso con 490 demandantes y 21 demandados entre desarrolladores, contratistas, subcontratistas y aseguradoras vinculados al proyecto del hotel de 18 pisos que colapsó en octubre de 2019.
La agencia añadió que entre esas acciones figuró una demanda presentada por la ciudad en agosto de 2020 contra los propietarios del edificio, sus socios y las empresas contratistas.
El convenio prevé aportes de los demandados y de sus aseguradoras. No obstante, la aceptación del acuerdo no significa que admitan responsabilidad por lo sucedido, precisó WWL-TV, estación de televisión afiliada a la cadena CBS.
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El mediador designado para supervisar la asignación entre los demandantes es John Perry Jr. y el dinero no será distribuido en partes iguales.
Los demandantes tendrán 45 días para firmar los documentos de liberación. Una vez completado ese trámite, el dinero será depositado en un fondo calificado de liquidación e iniciará el proceso de asignación.
Perry resolverá cuánto recibirá cada uno a partir de la gravedad de las lesiones, las muertes, las pérdidas económicas y otros daños acreditados. Los montos aportados por cada empresa y las sumas finales para cada demandante quedarán bajo confidencialidad.
No se ha dado a conocer todavía una fecha concreta para la entrega del acuerdo. Según el abogado Mark Glago, uno de los representantes principales de los demandantes, se estima que la duración del proceso será de varios meses, aunque el cronograma final quedará bajo la supervisión de Perry, indicó WDSU, afiliada de NBC.
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Una familiar de una de las víctimas afirma que el acuerdo económico no repara la pérdida
Las familias de Anthony Magrette, Jose Ponce Areola y Quinnyon Wimberly figuran entre quienes sostienen los reclamos de mayor peso dentro del expediente.
Angela Magrette, hermana de una de las víctimas, dijo a WWL-TV que el acuerdo no repara la pérdida: “No se ha hecho justicia y nunca se hará. Nos afecta a mí y a mi familia todos los días. Sé que el mundo sigue adelante, pero nosotros no”.
Por su parte, el abogado Mark Glago expresó: “Estamos muy contentos con estos USD 106 millones”. Sin embargo, remarcó el límite de la reparación civil: “Ninguna demanda podrá devolverles la vida a estos tres hombres, así que sus familias sufrirán eternamente”.
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Luego agregó: “Lo único que podemos lograr con una demanda civil es obtener una compensación económica. No se puede devolver a la persona. Lo entendemos, pero debe haber algún tipo de reparación”.
No se imputaron cargos penales pese a las advertencias y pruebas sobre fallas estructurales
La causa penal no avanzó. En 2023, un gran jurado resolvió no presentar cargos, pese a una investigación de cuatro años y a un informe del inspector general de Nueva Orleans que recomendaba acusaciones contra tres inspectores municipales. Ese documento señalaba que no acudieron a aprobar trabajos en los pisos superiores que luego cedieron, detalló WWL-TV.
Incluso, había videos grabados por trabajadores en los días previos al derrumbe, en los que cuestionaban los amplios espacios entre vigas de soporte y la deformación de apoyos temporales.
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Asimismo, existió un informe de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos que concluyó que el edificio había sido “gravemente mal diseñado” por Heaslip Engineering.
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