Víctor Ávila, un residente legal permanente de 66 años y titular de una Green Card desde 1967, fue detenido por Oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco tras volver de un viaje a Japón, adonde había visitado a su hijo, miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según informaron medios locales y una página de recaudación GoFundMe. Ávila había regresado al país acompañado de su esposa, quien sí pudo continuar su trayecto sin ser detenida, confirmaron familiares y colegas a los medios. Ávila reside desde hace décadas en San Diego y trabaja desde hace más de quince años como asistente legal en la firma de abogados Kiwan & Chambers APC, dedicada a la compensación laboral. Compañeros de trabajo han organizado campañas para recaudar fondos y financiar la defensa legal de Ávila.
De acuerdo con su hija Carina Mejía, quien conversó con el canal local ABC 10 News, Ávila se trasladó legalmente desde México a los Estados Unidos junto con su familia en su adolescencia, obteniendo la residencia permanente poco después de su llegada en 1967. Mejía explicó que el principal antecedente penal de su padre data de 2009, cuando fue arrestado, acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas. Ávila fue condenado por dos delitos menores, cumplió la sentencia impuesta y pagó todas las multas requeridas por la ley. Según Mejía, su padre renovó su Green Card en dos ocasiones posteriores a ese incidente, sin nuevas infracciones desde entonces.
El caso de Víctor Ávila ocurre en medio de una intensificada aplicación de políticas migratorias. Desde enero, el gobierno ha llevado a cabo la deportación de más de 100.000 personas, en lo que se anuncia como la mayor operación de deportaciones en la historia del país. Las oficinas de ICE en diversas regiones mantienen operativos dirigidos a personas con antecedentes penales, incluidos casos de delitos menores resueltos hace años. El ICE no ha emitido declaraciones públicas sobre la situación específica de Ávila; la firma Kiwan & Chambers, empleadora de Ávila, tampoco ha realizado declaraciones para la prensa.
Detención y traslado a centro de ICE
Tras su detención en San Francisco, Ávila permaneció varias semanas en instalaciones aeroportuarias, sin acceso regular a cama para dormir, según la declaración de su hija Carina Mejía a ABC 10 News. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención de ICE en las cercanías de Bakersfield, en el estado de California. Durante este periodo, su familia y compañeros emprendieron diversas acciones para dar visibilidad al caso y solicitar un proceso justo, incluyendo la recaudación de fondos para los costos legales a través de portales como GoFundMe, iniciativa que ha superado los 20.000 dólares.
La esposa de Ávila, sus cuatro hijos y seis nietos gozan de ciudadanía estadounidense, y que todos permanecen en el país a la espera del desenlace del proceso migratorio. En entrevistas transmitidas por ABC 10 News, Carina Mejía relató que su padre no había tenido incidentes adicionales con la ley desde el arresto de 2009 y remarcó el respaldo de sus compañeros de trabajo y familiares: “Es un miembro productivo de la sociedad. Fue una infracción no violenta. Cumplió con lo que exigía la ley”, sostuvo Mejía en contacto con el medio local.
Próxima audiencia para el proceso de deportación
ABC News reportó que los familiares han visitado al detenido en varias ocasiones en el centro de Bakersfield, alternando entre momentos de esperanza y preparación para resultados adversos. “Hay días en los que tiene esperanza, se muestra optimista. En otros, se prepara mentalmente para lo peor”, declaró Mejía en entrevista. Víctor Ávila debe comparecer ante una audiencia de deportación programada para el 15 de julio en una instalación administrada por ICE cerca de Bakersfield.
Organizadores de la campaña GoFundMe han destacado en su página que Ávila “está siendo retenido por ICE por una ofensa no violenta de 2009” y que, aunque cumplió su sentencia y la falta fue catalogada como menor, años después enfrenta ahora un proceso de detención y posible deportación, con “ausencia de perspectivas de liberación” en el corto plazo. La plataforma reporta que la recaudación busca solventar los costos legales implicados en su defensa jurídica.
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