El despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en California ha provocado una escalada de tensión política y social a nivel nacional. Las medidas, justificadas por la Casa Blanca como una respuesta necesaria al aumento de las protestas por las redadas migratorias, han sido calificadas como un acto de “militarización sin precedentes” por parte del gobernador Gavin Newsom, quien busca impedir por vía judicial que las tropas federales participen en detenciones junto a agentes de inmigración.
Las manifestaciones comenzaron hace una semana en Los Ángeles, con más de 1.000 personas marchando el miércoles por sexto día consecutivo. Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, se han reportado episodios de violencia aislada, como la quema de taxis autónomos y el lanzamiento de objetos contra la policía.
“Nuestra ciudad no está en llamas. No se está incendiando, como intenta hacer creer nuestro terrible líder”, declaró la manifestante Lynn Sturgis, una profesora jubilada de 66 años, durante la concentración en el centro de Los Ángeles.
Las protestas se intensificaron luego de que agentes fuertemente armados, muchos sin identificar, comenzaron a realizar detenciones en operativos encubiertos, como el ocurrido en Downey, un suburbio angelino. Allí, según relató una pastora local al canal KTLA, cinco hombres armados con placas no visibles detuvieron a un hombre hispanohablante en el estacionamiento de una iglesia. “Me apuntaron con un arma y me dijeron: ‘Usted retroceda’”, denunció.
La administración Trump justifica estas medidas como parte de una ofensiva contra lo que el mandatario describe como una “invasión de migrantes ilegales”. Desde Washington, Trump declaró que “vamos a tener un país seguro. Si yo no estuviera ahí, Los Ángeles estaría ardiendo”, mientras asistía a una función del musical Les Misérables.
Un total de 4.700 miembros de la Guardia Nacional fueron movilizados, de los cuales 1.000 están operativos en apoyo a agentes de ICE, según informó el general Scott Sherman, responsable del operativo. Otros 700 marines en activo están siendo entrenados para intervenir en disturbios civiles. Según el Pentágono, el despliegue tendrá un costo de 134 millones de dólares para el erario.
El gobernador Newsom, del Partido Demócrata, ha denunciado que Trump está utilizando la crisis migratoria con fines políticos. “La democracia está siendo atacada frente a nuestros ojos”, afirmó el martes. Newsom solicitó a un tribunal federal bloquear el uso de tropas en arrestos de inmigrantes, alegando que se trata de una extralimitación del poder presidencial. La Casa Blanca respondió calificando la demanda como un “truco político burdo”.
Las protestas no se han limitado a California. Se han reportado manifestaciones en St. Louis, Raleigh, Manhattan, Indianápolis, Denver y San Antonio, donde cientos de personas marcharon frente al ayuntamiento. En algunas ciudades, como Spokane, Washington, se ha impuesto el toque de queda tras enfrentamientos con la policía, que usó balas de pimienta para dispersar multitudes. Más de 30 personas fueron detenidas, según el jefe policial Kevin Hall.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, responsabilizó directamente a la Casa Blanca por la crisis: “Hace una semana, todo estaba tranquilo en la ciudad. Las cosas se complicaron a partir del viernes, cuando comenzaron las redadas. Esto fue provocado desde Washington”, dijo en conferencia de prensa.
Mientras tanto, se espera una nueva jornada de protestas el sábado, organizada por el movimiento nacional “No Kings”, en coincidencia con el desfile militar promovido por Trump en la capital federal, el mayor desde 1991, con tanques, helicópteros y miles de tropas, coincidiendo además con su cumpleaños número 79.
La situación ha encendido el debate sobre el uso del poder militar en tareas civiles, una línea que históricamente ha sido evitada en la política estadounidense. Las acciones recientes, tanto en redadas como en despliegues masivos, están siendo observadas de cerca por organismos civiles y tribunales federales ante posibles violaciones a derechos constitucionales y civiles.
(Con información de AFP)
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