La Administración de Donald Trump elevó a la Corte Suprema de Estados Unidos su disputa con tribunales inferiores en lo que respecta al fin del Estatus de Protección Temporal para venezolanos, y le solicitó su permiso para avanzar con la ejecución de la medida y con las consecuentes deportaciones.
El Departamento de Justicia pidió a los magistrados del alto tribual que intercedan en la disputa y dejen en suspenso la orden de un juez federal de San Francisco que puso en pausa la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Mientras la orden esté en vigor, (Noem) debe permitir que cientos de miles de ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, pese a estar convencida de que hacerlo es ‘contrario al interés nacional’”, argumentaron los abogados del Departamento, en referencia a las cerca de 350.000 personas que se verían afectadas por el pedido.
Asimismo, el procurador general D. John Sauer señaló que esta acción interfiere de manera inaceptable en el poder del Gobierno en lo que respecta a la inmigración y asuntos exteriores, y sumó que, a su vez, quienes están alcanzados por la decisión no necesariamente deben regresar a sus países y que existen otras opciones legales con las que pueden permanecer en Estados Unidos.
“La decisión de terminar el TPS no equivale a una orden final de deportación”, insistió.
A poco de llegar a la presidencia, como parte de su política contra la inmigración, Trump ordenó la suspensión del TPS para los venezolanos. Esta medida permite a los extranjeros de determinados países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos -durante 18 meses- por considerarse que el regreso a sus naciones es inseguro, por desastres naturales o conflictos civiles.
En el caso de Venezuela, el permiso responde a la crisis humanitaria y política que se vive por la permanencia en el poder del régimen de Nicolás Maduro.
La noticia se conoció a finales de febrero y tomó por sorpresa a cientos de miles de venezolanos que se vieron forzados a tener que regresar a su país, pese a que la situación interna no había cambiado.
Si bien estaba previsto que se ejecutara el 7 de abril, el juez del Distrito Federal Edward Chen ordenó pausar los planes, ya que consideró que amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y costar miles de millones de dólares en actividad económica perdida.
Asimismo, señaló que el Gobierno no había logrado demostrar concretamente los daños que implicaría mantener el programa vigente, tal como estaba previsto con la extensión emitida por Joe Biden antes de abandonar su cargo.
“Actuar sobre la base de un estereotipo de grupo negativo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es un ejemplo clásico de racismo. Los titulares de TPS venezolanos tienen tasas de criminalidad más bajas que la población en general”, aseguró, entre otras cuestiones.
A su objeción se sumaron otras a lo ancho del país, en las que los tribunales estatales dieron lugar a las demandas interpuestas por abogados y organizaciones de Derechos Humanos, y que frenaron aún más las expulsiones, motivando a Trump a recurrir a la Corte Suprema para poner fin al asunto.
(Con información de AP y Reuters)
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