Un juzgado federal de Estados Unidos bloqueó este lunes la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump a principios de febrero.
El TPS, que permite residir legalmente y trabajar en el país a personas originarias de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias, beneficia actualmente a unos 350.000 venezolanos.
El fallo fue emitido por el juez del distrito Edward Chen, quien determinó que las extensiones de protección otorgadas por la administración del ex presidente Joe Biden en 2023 deben mantenerse vigentes por el momento, mientras se revisa en profundidad la legalidad de la revocación.
La decisión responde a una demanda presentada por un grupo de migrantes venezolanos amparados por el programa, quienes argumentaron que la medida del gobierno de Trump viola la Ley de Procedimientos Administrativos (APA, por sus siglas en inglés).
Esta legislación federal establece que las agencias ejecutivas deben seguir procesos formales y fundamentados para modificar o revertir políticas públicas, lo cual, según los demandantes, no se cumplió en este caso. Además, los querellantes afirmaron que la medida fue motivada por prejuicios raciales y políticos, y presentaron declaraciones oficiales como parte de la evidencia.
El juez Chen, en su fallo de 78 páginas, respaldó los argumentos de los demandantes y señaló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había incurrido en “generalizaciones negativas” sobre los beneficiarios venezolanos del TPS.
“Actuar sobre la base de un estereotipo de grupo negativo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es el ejemplo clásico de racismo”, escribió el magistrado.
Asimismo, el juez desestimó la vinculación entre el TPS y la presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua. Indicó que no existe evidencia que relacione directamente a los migrantes venezolanos protegidos por este estatus con actividades delictivas.
“Los titulares de TPS venezolanos tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general”, concluyó.
El ex presidente Joe Biden había extendido el TPS para ciudadanos venezolanos en enero de 2024, prorrogando su vigencia hasta octubre de 2026. Esta ampliación permitía evitar deportaciones inminentes y otorgaba permisos de trabajo temporales a los migrantes bajo este estatus.
La resolución judicial coincide con nuevas acciones migratorias emprendidas por la administración Trump. Este mismo lunes, 17 migrantes venezolanos considerados presuntos miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron deportados a una prisión de alta seguridad en El Salvador, una instalación construida por el gobierno de Nayib Bukele.
Estas deportaciones ocurrieron en paralelo a un proceso judicial aún abierto sobre la expulsión de más de 200 venezolanos durante el mes de marzo, cuyo desenlace está pendiente en tribunales estadounidenses.
Por ahora, la decisión del juez Chen suspende temporalmente la aplicación de la revocatoria del TPS, aunque no representa un fallo definitivo sobre su legalidad. El caso continúa su curso legal y las autoridades deberán presentar sus argumentos en futuras audiencias judiciales.
El TPS fue originalmente concedido a los venezolanos debido a las condiciones de inestabilidad política, crisis humanitaria y colapso económico en el país sudamericano. La vigencia de esta protección, y las implicaciones de su posible cancelación, siguen siendo objeto de debate tanto en el ámbito judicial como en la política migratoria estadounidense.
En marzo de 2021, Alejandro Mayorkas, el entonces secretario de Seguridad Nacional de la Administración de Joe Biden (2021-2025), designó por primera vez a Venezuela para el TPS citando la emergencia humanitaria por la que atravesaba el país bajo el régimen de Nicolás Maduro.
(Con información de Europa Press)
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