Sus padres fueron deportados, ahora esta bebé venezolana tiene que vivir con una familia adoptiva en EEUU

Una mañana de abril, Yorely Bernal, venezolana de 20 años, abordó un avión con dirección a Caracas. En su mano llevaba un documento oficial que, según dijo a su madre, indicaba que su hija Maikelys Antonella, de dos años, sería deportada junto a ella. Pero al despegar la aeronave, la niña no estaba. A casi una semana de ese vuelo, la menor sigue en Estados Unidos, sin sus padres, bajo custodia federal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la separación fue por motivos de “seguridad y bienestar” de la niña.

El caso ha desatado una ola de cuestionamientos en torno a las prácticas de separación familiar bajo el actual mandato del expresidente Donald Trump, quien retomó el cargo en enero. Mientras que Bernal fue enviada a Venezuela, el padre de la menor, Maiker Espinoza, de 25 años, fue deportado un mes antes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, acusado sin juicio de ser miembro del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana.

La niña quedó bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Desde entonces, ha sido trasladada de hogar en hogar, sin una fecha clara de reunificación. Su abuela materna, Raida Inciarte, desde su casa en Maracaibo, afirma que ha estado en contacto con trabajadores sociales y padres temporales, pero desconoce el paradero actual de su nieta.

Una separación sin juicio ni antecedentes

Cuando la familia cruzó la frontera sur de Estados Unidos en mayo de 2024, aún bajo la presidencia de Joe Biden, buscaban asilo tras huir de la crisis económica en Venezuela y años de trabajo precario en Perú. Según los familiares, Bernal había trabajado en un puesto de comida rápida y Espinoza como albañil y barbero. Ambos decidieron emprender la ruta hacia Estados Unidos con su hija, entonces de un año.

En su recorrido atravesaron Ecuador, Colombia, la peligrosa selva del Darién y México, donde fueron brevemente secuestrados por traficantes conocidos como “coyotes”, según relató la hermana de Espinoza, María Alejandra Fernández. Al llegar a la frontera, se entregaron a las autoridades. Poco después fueron detenidos, y la niña enviada a un centro de acogida. Las autoridades indicaron que sus tatuajes generaban sospechas.

Ni Bernal ni Espinoza cuentan con antecedentes penales en Venezuela, Perú o Estados Unidos, salvo por infracciones migratorias. El único registro judicial conocido fue una acusación por violencia doméstica contra Espinoza en 2022 en Perú, que fue archivada sin llegar a juicio.

Acusaciones sin pruebas formales

El gobierno de Trump ha intensificado la deportación de venezolanos bajo el argumento de que el Tren de Aragua ha “invadido” el país. Según un comunicado oficial, Espinoza sería “lugarteniente” de la banda y Bernal estaría implicada en el “reclutamiento de mujeres jóvenes para el contrabando de drogas y prostitución”. No se han presentado pruebas documentadas ante ningún tribunal.

Entre los supuestos indicios está la presencia de tatuajes. En el caso de Bernal, estos incluyen fechas de nacimiento de sus padres, una llama y una serpiente. Espinoza tiene dibujos animados como Marvin el Marciano y Sam Bigotes, además de una brújula, una cruz y una corona. Documentos internos del gobierno revelan que los agentes usan estos tatuajes como marcadores de pertenencia criminal, aunque no hay evidencia consistente de que la banda los utilice para identificar miembros.

La separación familiar bajo acusaciones no judicializadas ha despertado críticas. En entrevistas con The New York Times, la abuela afirma que la niña ha vivido en al menos cuatro hogares distintos. “Hoy amanece con una mamá, pero al otro día tiene otra mamá”, dijo. Le preocupa que su nieta esté desarrollando signos de angustia emocional, como el llanto constante al cambiar de entorno.

Opacidad institucional y protestas en Caracas

Desde su deportación, Bernal permanece en Maracaibo, donde contó a su madre que un documento firmado por autoridades estadounidenses aseguraba la salida conjunta con su hija. Sin embargo, el DHS removió a la menor del manifiesto de vuelo minutos antes de despegar. La razón oficial fue su “protección”, pero no hay indicios de que se haya consultado o notificado formalmente a la familia sobre el cambio.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha aclarado cuándo, ni si, la niña será devuelta a su familia. En su declaración, la administración de Trump insistió en su compromiso de proteger a menores de presuntos entornos criminales. “No permitiremos que se abuse de esta niña”, afirmó el DHS, refiriéndose a la menor como una víctima de explotación.