El gobierno de Costa Rica otorgó un estatus migratorio especial a 85 migrantes de origen africano, asiático y europeo que fueron deportados desde Estados Unidos en febrero como parte de un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, informaron autoridades del país centroamericano.
Según confirmó Omar Badilla, director general de Migración y Extranjería, la medida busca brindar a los migrantes libertad de movimiento dentro del territorio nacional durante un periodo inicial de 90 días, con posibilidad de extensión. “Estas personas tienen libertad de movimiento en cualquier parte del país. El objetivo de esta resolución es no obligar a nadie a regresar a su país de origen”, afirmó Badilla en un video difundido a medios de comunicación.
De acuerdo con la agencia Reuters, la recepción de los migrantes se enmarca en un acuerdo firmado a inicios de 2025 entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y la administración estadounidense, por el cual Costa Rica se comprometió a recibir hasta 200 personas provenientes de África, Asia y Europa que serían repatriadas desde Estados Unidos en vuelos financiados por ese país. El plan original contemplaba su repatriación a los países de origen en pocas semanas.
Sin embargo, la negativa de una parte del grupo a aceptar la repatriación obligó a las autoridades costarricenses a emitir la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, que formaliza una categoría migratoria especial de carácter humanitario.
Desde su llegada, los migrantes fueron alojados en el Centro de Atención Temporal Especial para Migrantes (CATEM) en el cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá. Durante su permanencia en el centro, los migrantes no pudieron abandonar las instalaciones ni acceder a sus pasaportes, situación que derivó en críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Características del nuevo estatus
El nuevo permiso concede a los 85 migrantes —entre ellos 31 menores de edad de 14 nacionalidades distintas— la posibilidad de circular libremente dentro de Costa Rica, recuperar sus documentos personales y solicitar una extensión del estatus inicial. No obstante, no se les permite trabajar legalmente, salvo que posteriormente obtengan una categoría migratoria regular.
El permiso impone condiciones estrictas: cualquier antecedente penal descalifica al migrante, y el beneficio se revoca si la persona incurre en delitos, representa una amenaza al orden público o está vinculada a organizaciones criminales. Asimismo, abandonar el territorio nacional implica la cancelación automática del estatus.
Badilla explicó que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPM) será la encargada de emitir resoluciones individuales, verificando que cada beneficiario cumpla con los requisitos. Al finalizar los 90 días, los migrantes deberán salir del país o solicitar regularización conforme a las vías migratorias ordinarias.
Grupos defensores de derechos humanos han calificado la medida como un avance parcial, pero advierten que el país aún carece de una solución sostenible para los casos de migración forzada. “Los permisos temporales pueden aliviar preocupaciones inmediatas, pero se necesitan garantías legales a largo plazo para estas familias”, señaló un informe de Newsweek.
El vice ministro Badilla reconoció que Costa Rica enfrenta limitaciones estructurales para acoger a más migrantes, en medio de un déficit de capacidad en albergues y una acumulación de más de 200.000 solicitudes de asilo pendientes. También admitió que el acuerdo con Estados Unidos se firmó bajo presión económica y política.
Por ahora, la resolución representa una salida legal temporal para decenas de personas que enfrentaban una situación de limbo jurídico y temían por su seguridad si eran obligadas a regresar a sus países de origen. El desarrollo del caso podría influir en las políticas migratorias futuras de Costa Rica y su relación con Panamá y Estados Unidos en materia de deportaciones regionales.
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