La administración del presidente Donald Trump presentó el sábado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos solicitando el levantamiento de la orden judicial que suspendió de forma temporal las expulsiones de venezolanos hacia El Salvador, emitida la madrugada del mismo día.
El documento, firmado por el procurador general John Sauer, pide al tribunal superior que autorice la reanudación de los vuelos de deportación al país centroamericano y permita que los tribunales inferiores continúen con la evaluación del caso.
El Gobierno justificó las expulsiones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1789, alegando que los migrantes pertenecen al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional terrorista con origen en Venezuela.
La aplicación de esta normativa, habitualmente utilizada en contextos bélicos, ha generado críticas por parte de la oposición demócrata y de constitucionalistas que advierten sobre una posible vulneración del orden legal.
En su recurso, el Gobierno sostuvo que los migrantes fueron notificados con antelación del inicio del procedimiento de expulsión, y aseguró que no serán deportados bajo los términos de la ley de enemigos extranjeros.
Además, confirmó el sábado que mantiene un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para enviar a los migrantes al CECOT, una prisión de máxima seguridad conocida por denuncias de abusos a los derechos humanos. Como parte del convenio, Estados Unidos se comprometió a transferir a El Salvador 6 millones de dólares anuales para mantener el sistema penitenciario.
En total, EEUU ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a esta cárcel, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua, una banda delictiva transnacional que surgió en una cárcel de Venezuela.
El Tren de Aragua (TdA) se convirtió en un fenómeno desde que Trump los declaró como organización terrorista. La organización es única por su estructura y por su metodología de expansión, que la llevaron desde Venezuela a tejer una red criminal que tiene presencia en Chile, Perú, Colombia y llega hasta Estados Unidos.
La Fundación TAEDA y IBI Consultants publicaron un informe conjunto que describe al Tren de Aragua (TdA) como un “caso de éxito criminal” en América Latina, detallando su evolución desde el sistema penitenciario venezolano hasta convertirse en una organización delictiva transnacional.
La investigación fue realizada por Pablo Zeballos y Douglas Farah, quienes también advierten sobre las implicaciones de las medidas adoptadas recientemente por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador.
El documento sitúa el origen del TdA entre 2004 y 2005, en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, durante la presidencia de Hugo Chávez, cuando el gobierno había declarado una emergencia penitenciaria ante el aumento de la violencia carcelaria. Pese a esa declaración, la intervención estatal no logró impedir el desarrollo de estructuras criminales internas.
En ese contexto surgió el sistema de pranatos, liderado por los llamados pranes, reclusos con poder dentro de las prisiones. A través de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, uso de violencia y sobornos, estos líderes articularon estructuras conocidas como trenes, que establecieron formas de gobernanza paralelas dentro y fuera de los centros penitenciarios.
Entre 2015 y 2018, el TdA se consolidó como la mayor de las 19 megabandas que operaban en el país, en un periodo en el que la tasa de homicidios alcanzó cifras récord, según el informe.
Los investigadores explican que, aunque el Tren de Aragua tiene una estructura jerárquica con liderazgos definidos, sus decisiones se ejecutan de forma descentralizada. Las distintas franquicias o divisiones territoriales aplican las órdenes según sus propios criterios, lo que dota a la organización de una capacidad de adaptación notable.
El reporte también resalta que la combinación entre la crisis migratoria venezolana, la porosidad de las fronteras y los efectos de la pandemia favoreció la expansión del grupo criminal a partir de 2018. Actualmente, el TdA opera un entramado ilegal basado en el narcotráfico y el tráfico de personas en diversos países de América Latina.
Los autores del informe alertan sobre el impacto que pueden tener las recientes políticas de deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, particularmente aquellas que los envían al CECOT. Según el documento, tales acciones pueden reforzar la narrativa del grupo o provocar una reorganización operativa en la región.
(Con información de agencias)
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