
Una trabajadora sexual identificada como Leniyah Butler, de 21 años, fue declarada culpable de homicidio por la muerte de un cliente que exigía la devolución del dinero. El hecho, ocurrido en noviembre de 2023 en el distrito de Presidio, ha generado atención nacional por los elementos involucrados en el caso, incluidos el uso de la fuerza letal, la identidad de género de la acusada y la posterior manipulación de pruebas.
Según detalló la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de California en un comunicado oficial, Butler disparó a Hamza Walupupu, de 32 años, en el ojo después de que este se mostrara agresivo tras una discusión. El altercado comenzó cuando la trabajadora sexual reveló que era una persona transgénero, lo cual habría detonado la reacción violenta de la víctima. La condena fue emitida por un jurado en San Francisco, y Butler permanece detenida a la espera de su sentencia, programada para el 27 de junio de 2025.
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El caso fue construido con base en documentos judiciales obtenidos por SFGATE, The San Francisco Standard y The San Francisco Chronicle, donde se detalla tanto la dinámica del encuentro como las acciones posteriores al homicidio. En esos registros, la propia Butler afirmó a las autoridades que se sintió amenazada y que actuó en defensa propia. No obstante, las pruebas presentadas en el juicio incluyeron declaraciones y grabaciones que pusieron en entredicho esa versión.
Revelación de la identidad de género habría desatado la agresión que culminó en el disparo
De acuerdo con los documentos del caso, Butler fue recogida por Walupupu en un punto de la ciudad y trasladada aproximadamente 20 minutos en automóvil hasta un lugar apartado del área donde habían acordado encontrarse. En su declaración a la policía, Butler explicó que se sintió vulnerable al encontrarse incómoda, lo que aumentó su percepción de riesgo ante la reacción del cliente al saber que era transgénero.
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“Digo que me disculpo con cualquiera a quien haya herido, pero mi vida estaba en peligro y sentí que tenía que defenderme en ese momento o hubiera sido yo”, declaró Butler, según los registros del tribunal citados por The San Francisco Chronicle. No obstante, también se documentó que la acusada añadió: “No creo que deba decirle perdón a nadie porque no me siento mal por haberle disparado”.
La fiscalía argumentó que la reacción de Butler fue desproporcionada y que su intención de evitar consecuencias legales se evidenció en las acciones que tomó tras el tiroteo, las cuales fueron clave para sostener la acusación de homicidio.
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La acusada huyó con el vehículo de la víctima y trató de borrar huellas del crimen
Después del disparo que mató a Walupupu, Butler tomó posesión del automóvil del fallecido. De acuerdo con el comunicado de la fiscalía y los documentos presentados durante el juicio, se demostró que la acusada intentó eliminar pruebas forenses, incluyendo huellas dactilares y restos de ADN del vehículo. Además, pasó el resto de esa misma mañana deshaciéndose del arma homicida y de otros objetos que podrían vincularla directamente con el crimen.
En una conversación telefónica grabada con su madre —también presentada como evidencia ante el jurado— Butler expresó que Walupupu “merecía ser asesinado”. Esta declaración fue considerada por los fiscales como indicativa de la intención de la acusada y su falta de arrepentimiento tras los hechos.
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La defensa, por su parte, intentó sostener que Butler actuó bajo una amenaza real e inmediata. Sin embargo, el jurado consideró que las pruebas físicas y las grabaciones pesaban más que la alegación de defensa propia.
Sentencia pendiente podría alcanzar 17 años de prisión y una multa de 250.000 dólares
Leniyah Butler se encuentra actualmente en custodia en espera de recibir sentencia el próximo 27 de junio de 2025. De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Fiscal Federal, enfrenta una posible pena de hasta 17 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares si el tribunal decide aplicar la condena máxima correspondiente al cargo de homicidio.
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El caso ha generado debate en diversos sectores por los elementos que lo componen: la condición de la acusada como trabajadora sexual transgénero, la reacción violenta del cliente ante su identidad de género, y el uso de un arma de fuego como respuesta. Aunque la defensa apeló a un marco de violencia de género y transfobia, el fallo se basó en los hechos documentados, las pruebas materiales y las declaraciones de la propia acusada.
La fiscalía no ha informado si se prevé una apelación por parte de la defensa, pero la condena representa una etapa definitiva en un caso que ha expuesto los riesgos y las tensiones a los que están expuestas las personas transgénero que ejercen el trabajo sexual en los Estados Unidos.
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