El gobernador DeSantis promulga una ley que restringe la influencia de países considerados amenazas en Florida

Ron DeSantis firmó este viernes la Ley de Restricción y Aplicación de la Injerencia Extranjera (Ley FIRE), una normativa que introduce nuevas limitaciones para la participación de empresas y ciudadanos de países designados como de interés —entre ellos Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria— en contratos de gestación subrogada y adopción en el estado de Florida, Estados Unidos.

La promulgación se realizó en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos, en Miami, elegido por su valor simbólico para la comunidad cubanoamericana. De acuerdo con Ron DeSantis, la ley responde a la necesidad de proteger a Florida de la injerencia y las amenazas extranjeras que ponen en riesgo la seguridad y los valores del estado.

El texto legal, que entrará en vigor el 1 de julio, no se limita al ámbito de la gestación subrogada y la adopción, sino que también restringe la transferencia de fondos estatales a cualquier organización identificada como terrorista y establece sanciones adicionales para empresas con operaciones ilícitas en Cuba.

“No permitiremos que recursos públicos terminen en manos de regímenes o entidades que atentan contra nuestra seguridad o promueven el terrorismo”, puntualizó el gobernador durante la ceremonia.

La Ley FIRE se sustenta en la identificación de ciertas naciones como “países de interés”, una lista que incluye a Cuba, cuya presencia en los debates legislativos fue central por su relevancia en el sur de Florida. Según la ley, cualquier empresa o ciudadano de estos países está impedido de acceder a contratos de gestación subrogada, procesos de adopción y, en determinados casos, convenios comerciales con el estado.

La representante Jenna Persons-Mulicka, promotora de la iniciativa en la Cámara de Representantes, defendió la medida como una “herramienta indispensable para blindar a la sociedad floridana frente a riesgos de infiltración extranjera”.

Citó el caso de un empresario chino que, según documentos oficiales de la Cámara de Representantes de Florida, permitió que más de 100 hijos nacieran en Estados Unidos mediante gestación subrogada e inseminación artificial, lo que generó inquietudes sobre posibles vulnerabilidades en el sistema.

La promulgación de la Ley FIRE estuvo acompañada por declaraciones de Ron DeSantis en las que reiteró su postura crítica hacia el régimen cubano.

En el acto, el gobernador subrayó que “el comunismo que se instauró en Cuba en 1959 provocó una ola migratoria que transformó para siempre la demografía y la historia de Miami”, afirmando que la defensa de los valores democráticos y la oposición al totalitarismo continúan siendo principios fundamentales de su gestión.

“Florida no será refugio para intereses extranjeros que amenacen nuestra libertad”, enfatizó el mandatario estatal.

Restricciones clave de la Ley FIRE

La normativa introduce además restricciones en el ámbito educativo. A partir de su entrada en vigor, ningún fondo proveniente de los vales escolares estatales podrá destinarse a instituciones que mantengan nexos —directos o indirectos— con grupos designados como terroristas por las autoridades de Estados Unidos.

Esta disposición busca “cerrar brechas que pudieran ser aprovechadas por organizaciones con agendas contrarias a la seguridad nacional”, según explicó la legisladora Jenna Persons-Mulicka durante el debate parlamentario.

En cuanto a las relaciones comerciales, la ley endurece el régimen de sanciones para empresas con operaciones ilícitas en Cuba, aunque mantiene una excepción: si en el futuro se reanudaran las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla, las compañías estadounidenses podrían restablecer negociaciones, siempre bajo supervisión federal.

Esta cláusula, puntualiza el texto sancionado, responde a la necesidad de “preservar la flexibilidad estratégica del estado ante eventuales cambios en la política exterior federal”.

Fundamentos y excepciones de la normativa

La inclusión de Cuba en la lista de países restringidos fue respaldada por argumentos históricos y de seguridad. Legisladores y representantes de la comunidad cubanoamericana destacaron en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos la necesidad de mantener una postura firme ante regímenes responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos e influencia desestabilizadora en la región.

La ley contempla mecanismos de seguimiento y verificación para asegurar el cumplimiento de las restricciones impuestas. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del estado de Florida (organismo estatal con funciones regulatorias) y la Agencia para la Administración de Servicios de Salud de Florida (ente regulador estatal del sector salud) participarán en la supervisión y reporte de las actividades económicas y contractuales que involucren a ciudadanos o empresas de los países listados.

“Contaremos con herramientas para detectar y sancionar cualquier intento de eludir la normativa, garantizando que la seguridad de los floridanos sea la prioridad”, aseveró la representante Jenna Persons-Mulicka.

Reacciones y controversias tras la promulgación

En paralelo, la aprobación de la ley encendió el debate sobre la amplitud y el alcance de las restricciones. Organizaciones defensoras de los derechos civiles y expertos legales de la Universidad de Florida han advertido que las medidas podrían ser objeto de impugnaciones judiciales por su posible impacto en derechos constitucionales, en particular en lo relativo a la igualdad de acceso a servicios y procesos de adopción.

Desde el Ejecutivo estatal señalaron que “la legislación fue cuidadosamente revisada para ajustarse a los estándares federales y a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos”, según un portavoz de la oficina del gobernador.

Entre las voces críticas, algunas organizaciones han reclamado mayor transparencia en los criterios para la designación de países de interés y han solicitado la creación de un mecanismo de revisión periódica que permita actualizar la lista en función de la evolución geopolítica.

Otros sectores, en cambio, celebraron la promulgación de la ley como “un paso necesario para proteger la integridad institucional y la soberanía del estado”, en palabras de la Asociación de Exiliados Cubanos de Miami.

Con la entrada en vigor de la Ley FIRE el 1 de julio, el estado se posiciona a la vanguardia de las restricciones frente a regímenes considerados adversarios por las autoridades de Estados Unidos, según la exposición de motivos presentada por la oficina del gobernador