Un juez federal ordenó frenar la reducción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), impulsada por el gobierno de Donald Trump y gestionada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el empresario Elon Musk. La decisión judicial, emitida por el juez Theodore Chuang, establece que la eliminación de la agencia probablemente viola la Constitución de los Estados Unidos y bloquea cualquier acción adicional en ese sentido, según reportó Associated Press.
El fallo se da en respuesta a una demanda presentada por empleados y contratistas de USAID, quienes argumentaron que la toma de control por parte de Musk y la posterior reducción de la agencia no contaban con la autoridad legal necesaria. Según el juez Chuang, la administración Trump debía restaurar de inmediato el acceso a correos electrónicos y sistemas informáticos de todos los empleados, incluidos aquellos que fueron colocados en licencia administrativa, informó Forbes.
La medida se produce luego de que la administración Trump tomara pasos concretos para desmantelar la agencia. En febrero, casi la totalidad del personal de USAID fue puesto en licencia, y se notificó el despido de 1,600 trabajadores en Estados Unidos. Este esfuerzo era parte de una política más amplia para reducir el gasto en asistencia exterior, argumentando que muchos de estos programas eran innecesarios y promovían una agenda liberal, según el propio Trump.
Decisión judicial y bloqueo de la medida
El juez Theodore Chuang, con sede en Maryland, dictaminó que la eliminación de USAID presentaba múltiples violaciones constitucionales y ordenó detener cualquier acción adicional por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Según Associated Press, el fallo establece una orden judicial preliminar que impide a la administración Trump continuar con la reducción de la agencia mientras el caso sigue su curso en los tribunales.
Además de bloquear los despidos, la orden obliga a la administración a restaurar de inmediato el acceso de los empleados a los sistemas internos de la agencia. La decisión es vista como un revés significativo para la estrategia de reducción de gastos en asistencia exterior que la administración había promovido desde el inicio del mandato de Donald Trump, informó Forbes.
El proceso de eliminación de USAID
El cierre progresivo de USAID comenzó oficialmente en febrero, cuando la administración Trump colocó en licencia a la mayoría del personal de la agencia, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. De acuerdo con Associated Press, en ese momento al menos 1,600 empleados con sede en Estados Unidos recibieron notificaciones de despido, en lo que fue catalogado como una de las mayores reducciones de personal en una agencia federal en décadas.
Las acciones fueron justificadas como parte de un plan de austeridad impulsado por la administración Trump, que buscaba recortar miles de millones de dólares en financiamiento para programas de ayuda exterior. Según el presidente, gran parte de estos recursos eran utilizados de manera ineficiente y servían para promover valores ajenos a la visión de su administración.
El papel de Elon Musk en la reestructuración
La reestructuración de USAID fue dirigida por el DOGE, un organismo dentro del gobierno de Donald Trump encabezado por Elon Musk extraoficialmente. Según la demanda presentada por los empleados, Musk tomó decisiones unilaterales sobre la agencia sin contar con la autoridad legal necesaria.
Elon Musk, quien hasta entonces no había desempeñado un rol destacado en políticas de desarrollo internacional, asumió la tarea de reducir el gasto gubernamental bajo la directriz de la Casa Blanca. Sin embargo, su rol en la reestructuración de USAID ha sido duramente cuestionado en los tribunales, ya que los demandantes argumentan que no tenía competencia legal para ordenar despidos masivos ni cerrar programas de ayuda, según informó Forbes.
El fallo del juez Theodore Chuang representa un obstáculo para la administración Trump y podría desencadenar nuevas acciones legales en contra de la reducción de la ayuda exterior. La orden judicial es de carácter preliminar, lo que significa que el litigio seguirá su curso en los tribunales, pero impide cualquier otro recorte en USAID hasta que haya una resolución definitiva, según explicó Associated Press.
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