El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes la destitución de todos los fiscales federales que continúan en sus cargos desde la administración de su predecesor, Joe Biden.
“En los últimos cuatro años, el Departamento de Justicia ha sido politizado como nunca antes”, escribió Trump en su red social Truth Social.
“Por lo tanto, he ordenado el cese de todos los fiscales federales de la era Biden que quedan. Debemos ‘limpiar la casa’ inmediatamente y restablecer la confianza. La edad de oro de Estados Unidos debe tener un sistema judicial justo: ¡Esto comienza hoy!”, agregó.
El despido de fiscales federales de administraciones previas es un procedimiento habitual cuando hay un cambio de gobierno. Estados Unidos cuenta con 93 fiscales federales, uno por cada uno de los 94 distritos judiciales, salvo dos distritos que comparten un fiscal.
Desde la victoria electoral de Trump en noviembre, varios fiscales designados por Biden renunciaron ante la expectativa de ser reemplazados. Sin embargo, la decisión del mandatario ocurre en medio de un proceso de reestructuración del Departamento de Justicia, una entidad que Trump ha criticado con frecuencia, acusándola de perseguirlo judicialmente.
Entre los cambios recientes, varios altos funcionarios han sido destituidos, degradados o reasignados. Entre ellos figuran miembros de la oficina del fiscal especial Jack Smith, quien presentó dos casos penales contra Trump que posteriormente fueron desestimados.
Además, la semana pasada, el fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, nombrado por Trump, renunció después de que el Departamento de Justicia le solicitara retirar cargos por corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams.
Durante su audiencia de confirmación en el Senado en enero, la fiscal general Pam Bondi prometió eliminar la “politización” dentro del Departamento de Justicia y restaurar la confianza pública en la institución.
Supervisión a agencias federales
Por otra parte, Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que amplía la supervisión presidencial sobre todas las agencias federales y las agencias reguladoras independientes, con excepción de la Reserva Federal en su política monetaria, con el objetivo de garantizar que estas entidades “rindan cuentas”.
El documento señala que administraciones previas permitieron que estas agencias operaran con “una supervisión presidencial mínima”, lo que les ha otorgado una “autoridad ejecutiva sustancial sin suficiente rendición de cuentas al presidente y, a través de este, al pueblo estadounidense”.
Las agencias reguladoras independientes, creadas por el Congreso de EEUU, han operado tradicionalmente con autonomía respecto al Ejecutivo. Sin embargo, la orden establece que solo el presidente y el fiscal general pueden interpretar la ley dentro de la rama ejecutiva, y ningún empleado de este ámbito podrá contradecir esas interpretaciones en regulaciones, instrucciones o litigios oficiales.
Según la nueva normativa, todas las agencias con poder ejecutivo deberán presentar sus principales propuestas regulatorias ante la Oficina de Información y Asuntos Reguladores (OIRA), parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente, antes de su publicación en el Registro Federal.
En un comunicado, la Casa Blanca citó a la Comisión Federal del Comercio (FTC), la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Comisión de Mercado y Valores (SEC) como ejemplos de entidades que han ejercido amplios poderes sin control del Ejecutivo, lo que, según el gobierno, ha supuesto un “enorme gasto”.
La Comisión Federal Electoral (FEC) también fue incluida en la orden.
No obstante, la junta de gobernadores de la Reserva Federal y el Comité Federal del Mercado Abierto mantendrán su independencia en la formulación de política monetaria, aunque su regulación de instituciones financieras sí estará sujeta a supervisión presidencial.
Las agencias reguladoras deberán entregar sus prioridades y planes estratégicos a la Casa Blanca, que determinará sus parámetros de resultados. Tienen un plazo de 60 días para cumplir con esta disposición, salvo que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, establezca lo contrario.
(Con información de EFE y AFP)
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