Un juez federal bloqueó la orden de Donald Trump sobre el traslado de mujeres transgénero a prisiones masculinas

Un fallo judicial detuvo temporalmente la implementación de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que buscaba trasladar a mujeres transgénero a prisiones masculinas y suspender los tratamientos médicos relacionados con la transición de género para personas encarceladas.

Según informó The New York Times, el juez Royce C. Lamberth, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió una orden de restricción temporal en respuesta a una demanda presentada por tres mujeres transgénero que argumentaron que la medida las expondría a un daño irreparable.

La decisión del juez Lamberth, quien fue designado por el expresidente Ronald Reagan, se basa en la afirmación de que las demandantes probablemente tendrían éxito al demostrar que la política es inconstitucional.

Este fallo se suma a una serie de acciones legales que han desafiado las políticas de Trump relacionadas con la comunidad transgénero, incluyendo restricciones en el servicio militar y limitaciones en el reconocimiento gubernamental de la identidad de género.

Los argumentos legales

La orden ejecutiva de Trump, firmada el 20 de enero, buscaba revertir las directrices adoptadas en 2022 durante la administración del expresidente Joe Biden, las cuales requerían que el Buró de Prisiones considerara la identidad de género actual de los reclusos al decidir su ubicación.

En cambio, la nueva política de Trump estipulaba que las personas transgénero debían ser alojadas en instalaciones que correspondieran a su sexo asignado al nacer, además de prohibir el uso de fondos federales para tratamientos médicos relacionados con la transición de género.

Según consignó Reuters, las tres mujeres transgénero que presentaron la demanda en Washington, D.C., argumentaron que ser trasladadas a prisiones masculinas las expondría a un alto riesgo de violencia física y sexual, lo que violaría su derecho constitucional a no ser sometidas a castigos crueles e inusuales, garantizado por la Octava Enmienda.

Además, señalaron que la suspensión de sus tratamientos médicos intensificaría la disforia de género, agravando su sufrimiento emocional y físico.

En su fallo, el juez Lamberth destacó que el gobierno no disputó las afirmaciones de las demandantes sobre el mayor riesgo de victimización sexual que enfrentan las personas transgénero en prisiones que no corresponden a su identidad de género. Asimismo, subrayó que la política podría socavar el tratamiento médico necesario para las reclusas con disforia de género, lo que podría derivar en autolesiones.

Discriminación y controversia

La demanda presentada contra la orden ejecutiva también argumenta que la política de Trump constituye una discriminación basada en el sexo, en violación de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Según los documentos judiciales citados por The New York Times, durante su campaña presidencial, Trump utilizó términos despectivos para referirse a las personas transgénero, calificándolas de “dementes” y víctimas de “locura”.

El caso también reveló problemas administrativos dentro del Buró de Prisiones al intentar implementar la orden. Según la demanda, las tres mujeres transgénero fueron inicialmente trasladadas a unidades segregadas con otras mujeres transgénero y notificadas de su inminente traslado a prisiones masculinas. Sin embargo, días después, fueron devueltas a instalaciones femeninas, aunque se les informó que el traslado seguía siendo una posibilidad.

La familia de una de las demandantes expresó su preocupación en una carta dirigida a las autoridades penitenciarias, advirtiendo que enviarla a una prisión masculina podría resultar en agresiones sexuales o incluso en su muerte. “Ella es una ciudadana designada como mujer y merece protección como cualquier otro ser humano”, escribieron.

Un fallo con implicaciones más amplias

El fallo del juez Lamberth no solo protege temporalmente a las tres demandantes, sino que también se extiende a las 16 mujeres transgénero actualmente alojadas en prisiones federales femeninas, según detalló Reuters. Este fallo va más allá de una decisión previa emitida el 26 de enero por un juez en Boston, que bloqueó el traslado de una reclusa transgénero específica a una prisión masculina.

De acuerdo con datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aproximadamente 2.230 personas transgénero se encuentran bajo custodia federal, de las cuales cerca de dos tercios son mujeres transgénero, la mayoría alojadas en prisiones masculinas.

El abogado del Departamento de Justicia, John Robinson, argumentó durante la audiencia que el Buró de Prisiones tiene amplia autoridad para decidir la ubicación de los reclusos y solicitó al juez que permitiera a la agencia revisar sus políticas antes de emitir una orden judicial. Sin embargo, el juez Lamberth consideró que los derechos de las demandantes a la seguridad y al acceso a atención médica adecuada justificaban la emisión de la orden de restricción temporal.

Este caso se enmarca en una serie de desafíos legales contra las políticas de Trump que afectan a la comunidad transgénero. Además de las restricciones en el ámbito penitenciario, el expresidente ha emitido órdenes que prohíben el uso de fondos federales para apoyar transiciones de género en menores de edad y que impiden a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas.