La ciudad de Chicago se convirtió en el epicentro de un nuevo operativo de las autoridades migratorias. Según informó The New York Times, el Departamento de Justicia anunció el inicio de estas acciones este domingo, en colaboración con múltiples agencias federales. Este operativo, descrito como una respuesta a una “emergencia nacional”, marca un incremento significativo en las medidas de control migratorio en Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo incluye la participación de agencias como el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals). Estas entidades, junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han iniciado lo que se denomina “operaciones dirigidas mejoradas” en Chicago, con el objetivo de garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional al retirar de las comunidades a individuos considerados como “criminales peligrosos”.
El subprocurador general interino, Emil Bove, viajó a Chicago para supervisar el despliegue de estas acciones. En un comunicado, Bove afirmó que estas medidas son una respuesta a lo que calificó como “cuatro años de políticas migratorias fallidas”.
Además, enfatizó que el Departamento de Justicia está comprometido a “asegurar la frontera, detener esta invasión y hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente”. Según consignó CNN, Bove también instó a las autoridades locales a colaborar con el operativo, advirtiendo que podrían enfrentar consecuencias legales si obstaculizan estas acciones.
Un operativo con alcance nacional
El operativo en Chicago forma parte de un esfuerzo más amplio que se extenderá a otras ciudades del país en los próximos días. Según detalló CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una directiva que otorga a las agencias del Departamento de Justicia autoridad para llevar a cabo acciones de control migratorio.
Entre las agencias involucradas se encuentran el Buró Federal de Prisiones y la Patrulla Fronteriza (CBP). Este enfoque busca reforzar las capacidades de ICE, que cuenta con recursos y personal limitados, para cumplir con la promesa del presidente Trump de realizar deportaciones masivas. El secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, destacó que la movilización de estas agencias es clave para cumplir con los objetivos de la administración.
En un comunicado, Huffman señaló que estas acciones están diseñadas para abordar amenazas a la seguridad pública y nacional, y que cualquier inmigrante indocumentado encontrado durante las operaciones podría ser detenido, incluso si no era el objetivo principal del operativo.
Reacciones locales y nacionales
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, expresó su apoyo a la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves o que tengan órdenes de deportación pendientes. Sin embargo, dejó claro que las fuerzas del orden estatales no participarán en redadas dirigidas ni en la identificación de personas basándose en su estatus migratorio.
En declaraciones a CNN, Pritzker criticó el enfoque de la administración Trump, señalando que muchas de las personas afectadas son trabajadores que han vivido en el país durante décadas y no representan una amenaza para la seguridad. “Si están enfocándose en criminales violentos, estamos de acuerdo”, afirmó Pritzker. “Pero están persiguiendo a personas que son respetuosas de la ley, que tienen empleos y familias aquí. ¿Por qué ir tras ellos? No son un problema para nuestro país”.
Además, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Chicago han tomado medidas legales contra la administración Trump. Según informó CBS News, grupos como Organized Communities Against Deportation, la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados y el Consejo Vecinal de Brighton Park presentaron una demanda argumentando que estas operaciones violan derechos constitucionales, como la libertad de expresión y la protección contra registros y detenciones arbitrarias. En el documento legal, los demandantes acusaron al gobierno federal de utilizar a Chicago como un ejemplo para intimidar a otras ciudades santuario.
Chicago, en particular, ha enfrentado desafíos relacionados con la inmigración en los últimos años, incluyendo un aumento en la llegada de migrantes durante la administración Biden y la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de trasladarlos a ciudades lideradas por demócratas. Esto ha generado tensiones adicionales en una ciudad que se ha declarado santuario para los inmigrantes y que ha implementado políticas para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El operativo en Chicago y las acciones legales en curso podrían tener implicaciones significativas para las políticas de inmigración en Estados Unidos. Mientras la administración Trump busca reforzar su postura de línea dura, los críticos advierten sobre el impacto en las comunidades inmigrantes y los posibles conflictos legales derivados de estas medidas. Según The New York Times, el Senado se prepara para votar sobre la confirmación de Pam Bondi como nueva procuradora general, lo que podría influir en la dirección futura de estas políticas.
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