Yvonne “Missy” Woods, exanalista de ADN de la Oficina de Investigaciones de Colorado, compareció este jueves ante el tribunal para enfrentar más de 100 cargos penales relacionados con la manipulación de datos en más de 500 investigaciones.
Según las autoridades, las acciones de Woods pusieron en duda la validez de pruebas cruciales en casos de homicidio, agresión sexual, robo y otros delitos graves.
Este escándalo, además, tuvo un costo financiero significativo para el estado y plantea serias interrogantes sobre la fiabilidad del sistema judicial y forense en Colorado, en Estados Unidos.
La investigación que destapó el escándalo
Desde su retiro en noviembre de 2023, Woods fue objeto de un escrutinio cada vez mayor. La investigación en su contra comenzó tras el hallazgo de irregularidades en un caso de 2018, detectadas por un pasante de la Oficina de Investigaciones de Colorado.
El pasante alertó a los supervisores al descubrir que faltaban datos específicos en un informe de laboratorio. Este descubrimiento dio paso a una revisión interna que reveló un patrón de manipulaciones y eliminaciones de datos por parte de Woods que se remontan a 2008.
Según NBC News, cadena de noticias estadounidense, las autoridades argumentan que Woods habría alterado valores de cuantificación, reprocesado lotes de ADN sin documentar y presentado reportes incorrectos. Incluso proporcionó afirmaciones falsas en más de 30 casos de agresión sexual en los que sí existía ADN masculino o contaminación.
En una entrevista con los investigadores, según NBC News, Woods admitió haber eliminado datos y manipulado registros para “avanzar casos rápidamente” y evitar trabajo adicional, según una declaración jurada presentada en el tribunal.
A pesar de las acusaciones, las autoridades no encontraron evidencia de condenas injustas hasta el momento, aunque los fiscales continúan revisando los casos afectados.
Woods enfrenta 52 cargos de falsificación, 48 cargos de intento de influir en un servidor público, un cargo de perjurio y otro de delito cibernético, por mala conducta entre 2008 y 2023, de acuerdo con la agencia de noticias AP.
Actualmente, se encuentra bajo custodia tras haberse entregado voluntariamente y deberá responder ante la justicia en las próximas semanas.
Más de 500 casos afectados
La magnitud del daño causado por la manipulación de datos es considerable. Más de 500 casos penales se vieron afectados, incluyendo delitos de alto perfil como homicidios.
En al menos dos casos, los fiscales se vieron obligados a ofrecer acuerdos de culpabilidad más indulgentes por temor a que las pruebas forenses manipuladas por Woods fueran impugnadas en juicio, según AP.
Por ejemplo, Michael Shannel Jefferson, acusado de asesinato en 1985, fue sentenciado a 32 años de prisión tras un acuerdo para declararse culpable de conspiración para cometer asesinato, en lugar de enfrentar una posible cadena perpetua.
Otro caso notable es el de Garrett Coughlin, acusado de un triple homicidio en 2017, quien evitó una sentencia de cadena perpetua al aceptar un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado.
El costo económico de la manipulación
El impacto económico del escándalo también fue relevante. Las autoridades estiman que la respuesta a la mala praxis de Woods costó más de 11 millones de dólares.
Estos fondos se destinaron a contratar laboratorios independientes para reexaminar hasta 3.000 muestras de ADN, revisar casos potencialmente afectados y reformar las políticas forenses del estado.
El Departamento de Seguridad Pública de Colorado solicitó el año pasado 7.5 millones de dólares adicionales a la legislatura para cubrir estos costos, según AP.
Además, una consultora externa recibió un contrato de 770.000 dólares para evaluar las prácticas de laboratorio de la Oficina de Investigaciones de Colorado y proponer soluciones a largo plazo, informó NBC News.
Indignación de las víctimas
El caso también generó indignación entre las víctimas y sus familiares. Tamara Dean Harney, hija de Roger Dean, asesinado en 1985, expresó su frustración durante una audiencia judicial reciente.
“Me parece increíble que alguien como ella pudiera afectar a tanta gente de la forma en que lo hizo. Simplemente no consideró lo que nos estaba haciendo a todos nosotros, a todos los casos”, dijo según AP.
Por su parte, el juez del condado de Jefferson, Graham Peper, enfatizó la gravedad de la situación: “Esto llega al corazón de la cuestión de si se puede confiar o no en la ciencia, si se puede confiar o no en la aplicación de la ley y, francamente, si se puede confiar o no en el sistema judicial”.
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