
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento independientemente del estatus migratorio de los padres.
El juez de distrito estadounidense John C. Coughenour dictó sentencia en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentan que la Enmienda 14 y la jurisprudencia de la Corte Suprema han consolidado la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El caso es una de las cinco demandas interpuestas por 22 estados y varios grupos de derechos de los inmigrantes en todo el país. Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
Poco después, Trump dijo que su gobierno apelará el fallo. “Obviamente lo apelaremos”, declaró el republicano a los periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca.
La orden, firmada por Trump el día de la investidura, está prevista que entre en vigor el 19 de febrero. Podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. En 2022, hubo unos 255.000 nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían en el país ilegalmente y unos 153.000 nacimientos de dos de esos padres, según la demanda de cuatro estados presentada en Seattle.
Estados Unidos es uno de los 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento (el principio del jus soli o “derecho del suelo”). La mayoría se encuentra en América, y Canadá y México están entre ellos.
Las demandas argumentan que la 14ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a las personas nacidas y naturalizadas en ese país, y los estados han estado interpretando la enmienda de esa manera durante un siglo.

Ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y ordena a las agencias federales que no reconozcan la ciudadanía a los niños que no tengan al menos un padre que sea ciudadano.
En 1898 se produjo un caso clave relacionado con la ciudadanía por derecho de nacimiento. La Corte Suprema sostuvo que Wong Kim Ark, que había nacido en San Francisco, hijo de inmigrantes chinos, era ciudadano estadounidense porque había nacido en el país. Después de un viaje al exterior, el gobierno federal le negó el reingreso con el argumento de que no era ciudadano según la Ley de Exclusión de los Chinos.
Pero algunos defensores de las restricciones a la inmigración han argumentado que ese caso se aplica claramente a los niños nacidos de padres que eran inmigrantes legales. Dicen que no está tan claro si se aplica a los niños nacidos de padres que viven en el país ilegalmente.
Una de las demandas que buscan bloquear la orden ejecutiva incluye el caso de una mujer embarazada, identificada como “Carmen”, quien no es ciudadana pero ha vivido en Estados Unidos por más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría llevarla a obtener la residencia permanente.
“Despojar a los niños del ‘tesoro inestimable’ de la ciudadanía es una grave ofensa”, dice la demanda. “Les niega la plena pertenencia a la sociedad estadounidense a la que tienen derecho”.
(Con información de AP)
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