California y Nevada decidirán si prohibir el trabajo forzoso en prisiones en las próximas elecciones

En noviembre, los votantes de California y Nevada tendrán una decisión significativa en sus manos: decidir sobre la eliminación del trabajo forzoso en prisión, un vestigio del legado de la esclavitud en las constituciones estatales. Según relata AP, esta medida busca proteger a las personas encarceladas de ser forzadas a trabajar bajo amenaza de castigo. La situación actual en estos estados implica que los prisioneros a menudo ganan menos de un dólar por hora al realizar tareas como apagar incendios o trabajos de mantenimiento, trabajos que son, en sí mismos, considerados arriesgados.

La situación en Nevada es particularmente notable, con alrededor de diez mil personas encarceladas obligadas a trabajar o recibir formación durante cuarenta horas semanales, salvo problemas médicos justificados. La agencia cita que algunos solo reciben 35 centavos por hora. Chris Peterson, director legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada, expresó su postura diciendo que, aunque muchas de estas personas quieren trabajo significativo, “¿reciben un trato justo? No”, destacando las peligrosas condiciones bajo las cuales trabajan por una compensación mínima.

La iniciativa en California también tiene un trasfondo valioso. Aunque en la década de 1970 se eliminó una exención para la esclavitud, la servidumbre involuntaria aún permanece en la constitución estatal. Kamau Allen de la Red Nacional para la Abolición de la Esclavitud comentó sobre el impacto de estas enmiendas constitucionales en otros estados, subrayando que “lo que sí hizo fue crear un derecho constitucional para toda una clase de personas que antes no existía”, en referencia a cambios semejantes ocurridos en Colorado y otros estados.

Por otro lado, esta votación coincide con un contexto nacional trascendental al ser el año en que Kamala Harris, la primera mujer afroamericana y asiático-estadounidense, se postula para presidente de los Estados Unidos. Jamilia Land, defensora de la misma red, indicó que “durante una de las elecciones más históricas de la historia moderna,” los votantes de estos estados tienen “la oportunidad de terminar con la esclavitud legalizada y constitucional,” mientras que el país sigue desarrollos históricos como la candidatura de la vicepresidenta.

AP destacó otros casos, como el de Darrell White, un bombero de prisión lesionado que recibió una compensación irrisoria calculada en su salario diario de 50 centavos. Su caso escaló hasta la Corte Suprema de Nevada, sin éxito. El pago que recibió no cubría ni mínimamente sus necesidades tras la liberación. Su abogado, Travis Barrick, escribía que “es inconcebible que pudiera satisfacer estas necesidades con 50 centavos al día”, denunciando la injusticia del sistema de compensación penitenciario.

En California, la Asamblea del Estado busca encontrar un equilibrio tras el rechazo del Senado en 2022, debido a preocupaciones sobre el costo que implicaría pagar a todos los reclusos el salario mínimo. El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó una ley recientemente que obligaría al Departamento de Correcciones y Rehabilitación a crear un programa de trabajo voluntario. Esta ley, que aún está pendiente de la aprobación de votantes sobre la prohibición del trabajo forzado, busca ofrecer más oportunidades de reintegración a través de terapia y educación.

Lori Wilson, asambleísta de California, expresó cómo desde su experiencia personal ha entendido la relevancia de la recuperación sobre el simple castigo. Relató cómo creció en un hogar disfuncional y con abusos, logrando superarlos gracias a la terapia, mientras que su hermano, sin acceso a la misma ayuda, terminó en prisión. Subrayó que esta propuesta “es solo la historia de dos historias sobre lo que sucede cuando alguien que fue traumatizado, tiene problemas de ira y recibe el trabajo de rehabilitación que necesita.”

Además, personas como Yannick Ortega, quien tras cumplir su condena en prisión por asesinato ahora trabaja en un centro de recuperación, compartieron sus experiencias. Ortega relata cómo durante la primera mitad de su condena fue obligada a realizar diversos trabajos en prisión y sostiene que “cuando te sentencian a prisión, ese es el castigo”, una visión que refuerza la idea de que el encarcelamiento mismo debería ser suficiente sin la necesidad de trabajos forzados.

La conversación sobre este tema no solo interactúa con la historia estadounidense de la esclavitud, sino que también representa un paso hacia la revisión y la reforma del sistema penitenciario, resaltando las desigualdades y cuestionando la validez y equidad de las prácticas actuales sobre trabajo en prisiones.