Luis Almagro pidió el fin de la persecución política en Venezuela: “Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, alertó este martes que el secuestro de María Oropeza, coordinadora regional de María Corina Machado en el estado Portuguesa, a manos de las fuerzas represoras de Nicolás Maduro “se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen”.

De acuerdo con Almagro, hay más de “1.000 detenciones producto de la persecución política” en Venezuela.

“Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”, pidió el jefe de la organización en una mensaje en la red social X.

La denuncia de Almagro se da minutos después de la detención de María Oropeza, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes ingresaron a la residencia de la líder regional sin una orden de allanamiento o detención en su contra como parte de la “Operación Tun Tun”.

Oropeza denunció que este movimiento policial, promovido por la dictadura para perseguir a quienes se pronuncien en contra del fraude electoral del CNE, “carece de cualquier argumento jurídico y forma parte de una cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio”

“Enfrentamos la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América en los últimos 40 años”, agregó.

De acuerdo con la denuncia de la dirigente opositora, la cúpula chavista “actúa como fiera herida, como una fiera que está acorralada y lo hace porque hoy es evidente ante el mundo que los venezolanos ganamos las elecciones”.

La dictadura de Caracas ha detenido al menos a 2.229 personas en el contexto de las protestas tras el fraude electoral perpetrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, que dio como ganador a Nicolás Maduro con el 51% de los votos, sin mostrar actas o prueba alguna de tal victoria.

El líder del chavismo aseguró que los detenidos “atacaron” y “asesinaron” personas, quemaron hospitales, escuelas, liceos, universidades, módulos policiales, alcaldías y sedes del PSUV, responsabilizando de estos hechos al opositor Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado.

El régimen adelantó que sus fuerzas represoras trasladarán a los detenidos a las cárceles de Tocorón y Tocuyito, vaciadas en septiembre y octubre del año pasado, respectivamente, y acondicionadas -según Maduro- para recluir a “todas las bandas de nueva generación que están metidas en las guarimbas (protestas violentas)”.

“Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas, y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito, ya están listos Tocorón y Tocuyito para los terroristas, para los criminales”, expresó.

Según la dictadura venezolana, al menos 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron heridos, mientras que dos militares murieron.

A estas dos víctimas mortales se suman, de acuerdo con la ONG Provea, 24 civiles muertos, algunos de ellos “asesinados” por efectivos de la fuerza pública o grupos irregulares armados.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que el ganador de los comicios fue González Urrutia, y se basa en el “83,5 %” de las actas que asegura haber obtenido gracias a testigos electorales y miembros de mesa.

Machado y González Urrutia pidieron el lunes a los militares y policías impedir lo que consideran un “golpe de Estado” dado por Maduro, quien -según manifestaron- quiere hacer a los efectivos “cómplices” de esta operación, y “hacer respetar los resultados”, lo que fue rechazado este martes por la FANB y los cuerpos de seguridad, que consideraron estos llamados como “sediciosos planteamientos”.

(Con información de EFE y AFP)