
En una medida dirigida a abordar los crecientes riesgos asociados con la fabricación de ADN sintético, la Casa Blanca ha anunciado la implementación de nuevas normativas que exigen a las empresas dedicadas a esta práctica examinar detenidamente los pedidos de secuencias genéticas. Publicadas el 29 de abril, estas directrices son una respuesta a las advertencias de numerosos expertos sobre el potencial de la biotecnología para crear patógenos con material genético que se puede adquirir por correo.
La iniciativa forma parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, orientada a establecer estándares de seguridad en torno a la Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en el campo de la biotecnología.
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Las normas establecen un precedente importante en la supervisión de las actividades biotecnológicas, al requerir que los fabricantes de ADN sintético identifiquen y señalen las “secuencias preocupantes”, es decir, aquellas con el potencial de aumentar la toxicidad o la capacidad de un organismo para causar enfermedades.
Tom Inglesby, epidemiólogo y director del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, subraya la importancia de este avance, e indicó que “es concebible que un mal actor pueda crear un virus peligroso desde cero, ordenando sus componentes genéticos y ensamblándolos en un patógeno completo”.
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La preocupación surge de la facilidad, velocidad y coste decreciente con los que se pueden sintetizar secuencias genéticas hoy en día, una realidad que ha llevado a un aumento en el número de empresas capaces de manufacturar y distribuir estos productos a nivel global.

Un ejemplo de los riesgos asociados a esta tecnología se hizo evidente en 2017, cuando investigadores canadienses lograron reconstruir el virus de la viruela equina extinto, invirtiendo 100.000 dólares en ADN adquirido por correo. Este logro puso de manifiesto la posibilidad de recrear virus letales como la viruela, enfermedad erradicada en 1980, lo que plantea así un escenario potencialmente peligroso.
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Ante este panorama, las nuevas reglas ahora requieren que las entidades que reciben fondos federales obtengan ácidos nucleicos sintéticos solo de proveedores que implementen procedimientos de detección de las secuencias de interés. Aunque esto representa un “gran paso adelante”, como señala Inglesby, también deja un vacío, ya que los científicos y organizaciones financiadas privadamente no están obligados a seguir estas prácticas. Actualmente, aproximadamente tres cuartas partes de la base de clientes estadounidenses de ADN sintético pertenecen a entidades financiadas por el gobierno, lo que sugiere una cobertura significativa bajo las nuevas normas.
A pesar del alcance limitado de estas directrices, muchos proveedores de ADN ya se adhieren voluntariamente a pautas de detección. Desde 2010, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. ha emitido recomendaciones al respecto, y actualmente, cerca del 80% de la industria ha participado en el Consorcio Internacional de Síntesis Genética, comprometiéndose a la revisión de pedidos. Sin embargo, estas medidas son optativas y no todas las empresas del sector las cumplen rigurosamente.
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La capacidad de sintetizar ADN ha revolucionado la investigación científica, para permitir desarrollar pruebas de diagnóstico avanzado, producir enzimas capaces de descomponer plásticos y diseñar potentes anticuerpos para combatir enfermedades. Todo ello sin necesidad de extraer material genético directamente de los organismos. Sin embargo, el avance en estas tecnologías y la participación creciente de la IA en la creación de secuencias genéticas inéditas también plantea desafíos significativos en términos de seguridad y ética. La intervención de La Casa Blanca busca equilibrar los beneficios de estos avances con la necesidad imperativa de prevenir riesgos para la salud pública y la seguridad.
La regulación del ADN de doble uso, esa capacidad que tiene el material genético para ser empleado tanto en investigaciones beneficiosas como en aplicaciones potencialmente dañinas, ha cobrado relevancia en la esfera política y empresarial de Estados Unidos. Recientemente, La Casa Blanca ha iniciado medidas para estandarizar los protocolos de detección entre los proveedores de ADN, pese a la ausencia de una legislación formal que regule ampliamente esta práctica. Ese movimiento es visto con buenos ojos por figuras prominentes de la industria, como Kevin Flyangolts, fundador y director ejecutivo de Aclid, y Emily Leproust, directora ejecutiva de Twist Bioscience.
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Flyangolts destaca que, aunque la industria ha implementado algunas medidas de seguridad por su cuenta, estas no son consistentes a través del sector. En este sentido, apunta hacia la necesidad de una ley que obligue a todos los proveedores a examinar meticulosamente los pedidos de secuencias de ADN. Por otro lado, Leproust destaca el peligro inherente al ADN, comparándolo con la dinamita por su potencial tanto constructivo como destructivo. “Reconocemos que el ADN es una tecnología de doble uso. Es como dinamita, puedes construir túneles, pero también puedes matar gente,” señala la responsabilidad colectiva de promover el uso ético de esta tecnología.

Twist Bioscience, bajo la dirección de Leproust, ha tomado medidas activas para asegurar sus procesos de selección de secuencias de ADN. Desde 2016, año en que la empresa empezó a comercializar ácidos nucleicos, se ha comprometido a analizar tanto las secuencias solicitadas como a sus clientes. En una iniciativa por evaluar la eficacia de su sistema de detección, Twist contrató a consultores externos que intentaron adquirir secuencias de ADN preocupantes bajo identidades falsas. Aunque muchos de estos intentos fueron interceptados con éxito, hubo casos que generaron debate interno sobre la naturaleza preocupante de las secuencias.
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Este ejercicio llevó a la empresa a adoptar nuevos protocolos, como la reducción del tamaño mínimo de las secuencias de ADN sujetas a detección de 200 a 50 pares de bases. Esta medida busca impedir que se soliciten secuencias más pequeñas con el fin de ensamblarlas en secuencias más grandes potencialmente peligrosas. “Probablemente, el mayor riesgo sea que un Estado quiera desarrollar sus propias capacidades de síntesis de ADN,” indica Leproust y resalta la amenaza que representan los actores estatales con intereses malignos que podrían intentar desarrollar sus propias secuencias genéticas.
A nivel legislativo, ha habido intentos por parte de un grupo bipartidista de legisladores para introducir la Ley de Seguridad de la Síntesis de Genes, la que buscaría exigir una detección más amplia de las secuencias de ADN. Sin embargo, el proyecto de ley no ha avanzado hasta la fecha, lo que dejó un vacío en la regulación formal de este aspecto crucial de la biotecnología.
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Las iniciativas tanto del gobierno como de las empresas privadas reflejan un creciente reconocimiento de la necesidad de regular el uso y la distribución de secuencias de ADN. Este esfuerzo conjunto apunta a prevenir el mal uso de una tecnología con un potencial inmenso tanto para el progreso como para el daño. La adopción de medidas más estrictas y consistentes a nivel sectorial e incluso legislativo es crucial para asegurar que el avance de la biotecnología siga siendo una fuerza positiva para la humanidad.
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