El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó esta semana una demanda ante el Tribunal Superior de DC contra el propietario y administrador del Delta Pearl, un edificio de viviendas asequibles de 10 pisos ubicado en 1400 Florida Avenue NE, en el noreste de Washington.
La acción judicial alega casi 200 infracciones del código de vivienda acumuladas durante más de un año sin atención por parte de la propiedad.
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El Delta Pearl fue vendido en 2022 al desarrollador Buwa Binitie, fundador y director ejecutivo de Dumas Collective, quien remodeló el edificio —construido originalmente como vivienda para adultos mayores en 1979— y lo reabrió al año siguiente.
Este inmueble cuenta con 166 unidades, de las cuales el 51% están designadas como vivienda asequible para personas que ganan menos del 80% del ingreso medio del área. Según la demanda, las condiciones comenzaron a deteriorarse con rapidez tras su reapertura.
La Oficina del Fiscal General (OAG) nombró como demandados a Binitie, a Delta 2 Owner LLC —propietaria del edificio— y a DP Management LLC, que opera bajo el nombre comercial Faria Management. Ambas compañías pertenecen a Binitie.
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El aire acondicionado colapsó y los ascensores llevan meses fuera de servicio
El sistema de climatización del edificio dejó de funcionar por completo el 1 de julio de 2026, en plena ola de calor veraniega. Registros de inspección compartidos con The Washington Post muestran que las temperaturas en algunas unidades superaron los 32℃ (89,6℉).
El código de vivienda del Distrito obliga a los propietarios que proveen aire acondicionado a mantener una temperatura de 26℃ (78,8℉) o al menos 8℃ (14,4℉) por debajo de la exterior.
La demanda señala que Binitie no intentó reparar el sistema; su director de operaciones, Corey Powell, atribuyó la avería a un acto de vandalismo y alegó que la actividad delictiva en la propiedad impidió actuar.
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A eso se suma que los dos ascensores del edificio han permanecido fuera de servicio de forma intermitente desde al menos diciembre de 2025 y completamente inoperables desde julio de 2026. El DOB emitió 15 avisos de emergencia a los administradores por este motivo.
La falta de ascensores fuerza a los residentes —incluidos padres con niños en brazos y personas con condiciones de salud— a utilizar escaleras que los inspectores hallaron con heces, orina, basura y escombros. Según la demanda, los inquilinos temen “incluso tocar las barandillas” por las condiciones insalubres.
Invasión de roedores, basura acumulada y el acceso libre de personas ajenas al edificio
Desde al menos agosto de 2025, los inspectores municipales documentaron una infestación generalizada de roedores e insectos en el Delta Pearl.
Investigadores de la OAG que visitaron la propiedad en junio percibieron “un fuerte olor a roedores en el vestíbulo” y observaron una rata muerta en el estacionamiento; también constataron que los roedores habían roído armarios en unidades residenciales y el techo del vestíbulo.
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La basura acumulada es señalada como causa directa. Debido a que, el conducto de residuos llegó a llenarse hasta el séptimo piso porque nadie lo vació durante un período prolongado.
El problema de seguridad agrava el cuadro, ya que el sistema de llave electrónica que controlaba el acceso al edificio y a las salidas de escaleras se averió en febrero de 2026 y no fue reparado. Un residente identificado como Anthony relató en ABC7 que personas ajenas ingresan libremente de noche, usan los espacios comunes como baño y regresan cuando el clima empeora.
La demanda enumera además daños por agua en pisos, paredes y techos; cableado eléctrico expuesto; equipos de seguridad contra incendios inoperables; y daños sin reparar de un incendio ocurrido en febrero de 2026.
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El propietario apunta al impago del alquiler y la OAG rechaza el argumento
En un correo enviado a The Washington Post, Binitie reconoció que las condiciones son “graves” y atribuyó parte de la situación al impago del alquiler y a actos de vandalismo. Según el propietario, aproximadamente dos tercios de los inquilinos tienen cuotas atrasadas y la propiedad acumula más de USD 1,8 millones en deudas impagas.
“Estas circunstancias no justifican las condiciones que están sufriendo los residentes, pero son esenciales para comprender cómo un complejo recientemente remodelado llegó a este punto”, sostuvo.
Un portavoz de la OAG rechazó ese argumento al indicar que Binitie y sus empresas ignoraron las reiteradas solicitudes para mejorar las condiciones. A propósito de ello, declaró: “No hay excusa para obligar a los inquilinos a vivir en condiciones tan peligrosas e ilegales”.
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La demanda pide una orden de emergencia y la designación de un administrador judicial
La OAG solicita al Tribunal Superior de DC una orden de restricción temporal para los problemas más urgentes, una medida cautelar para garantizar todas las reparaciones, restitución para los inquilinos perjudicados y sanciones civiles. También pide la designación de un administrador judicial que tome el control de la propiedad.
El concejal Zachary Parker (demócrata del distrito 5) respaldó la acción legal y recordó que el edificio fue financiado con decenas de millones de dólares en créditos fiscales y fondos públicos.
“Sencillamente, no hay excusa para el preocupante y rápido deterioro de esta propiedad”, declaró. Existe una audiencia programada para diciembre de 2026, aunque la OAG impulsa obtener una fecha más próxima para la orden de emergencia.
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