
Todavía se debate en Florida y en el resto del país la decisión del gobernador Ron DeSantis el pasado mes de septiembre de enviar por avión a un grupo de 50 migrantes venezolanos que cruzaron la frontera sur del país desde Texas a Martha’s Vineyard, una afluente zona de Massachussets con políticas muy liberales considerada uno de los santuarios para migrantes indocumentados.
En cortes se debate si el accionar de DeSantis fue legal. En el estado muchos se preguntan si vale la pena que los contribuyentes de la Florida paguen por vuelos para transportar migrantes que están en Texas. Políticos de ambos partidos creen que DeSantis utilizó a los migrantes para que se hable de él en todo el país. Mientras buena parte de la base del partido republicano aplaudió al gobernador.
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Pero lo que ocurrió en septiembre ya no será más objeto de debate en la Florida porque ahora hay una ley que ampara el accionar del gobernador (y le asigna fondos públicos para hacerlo). Se trata de la ley SB 6-B, también llamada “Programa de Transporte de Migrantes Indocumentados”, aprobada en una sesión especial del Congreso de la Florida la semana pasada, y firmada ya por el gobernador.

Mediante esta ley, Florida delega el programa en la división de emergencias del estado y le destina 10 millones de dólares anuales para que a discreción de la administración estatal se transporte a migrantes en la Florida u otros estados a zonas santuario del país (lugares en los que no se pena a quienes viven sin documentos).
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“Antes de movernos hacia adelante, debemos entender qué se hizo hasta ahora. Miraremos cuáles son las mejores prácticas, cuáles fueron las dificultades para no cometer los mismo errores en el futuro. Mi equipo trabajará duro en esto durante unas dos semanas para tener cuanto antes un plan listo para ser implementado”, explicaba a la prensa Kevin Guthrie, director de emergencias de la Florida.
Sin la ley actual, el año pasado los legisladores aprobaron que se destinaran 12 millones de dólares del presupuesto estatal en un programa similar. Solamente en el traslado de migrantes venezolanos de Texas a Martha’s Vineyard el año pasado, con una parada en Crestview en la Florida, el gobierno de DeSantis invirtió 615 mil dólares.
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Si bien el gobernador firmó esta ley con bajo perfil, sin realizar un gran evento alrededor, la celebró a través de su cuenta de Twitter al decir que “Florida está utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger a sus ciudadanos de las políticas de fronteras abiertas de Biden”.

Es un secreto a voces que DeSantis tiene intenciones de convertirse en el nominado republicano a la presidencia en 2024, incluso enfrentándose a su mentor Donald Trump. Muchos entienden este tipo de batallas directas contra el gobierno federal como el modo del gobernador de construir una imágen nacional de oposición al presidente Joe Biden, incluso antes de anunciar oficialmente sus aspiraciones a la presidencia.
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