El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene una cruzada personal contra lo que el ala conservadora del espectro político denomina la cultura WOKE, una supuesta revisión histórica progresista del presente y pasado. Una parte fundamental de su “lucha” contra la cultura WOKE gira en torno a la llamada Teoría Crítica de la Raza, un movimiento intelectual y social interdisciplinario de académicos y activistas de los derechos civiles surgido en los 70s que se enfocaron en un principio en los enfoques liberales sobre la justicia racial, pero que en las últimas décadas y, tras los eventos del Black Lives Matter, comenzó a ganar fuerza y sumar adept.
En esta lucha contra la Teoría Crítica de la Raza ha caído un curso optativo de las escuelas secundarias, que además es uno de los que otorgan créditos para la Universidad (conocidos como AP), y que enseña historia afroamericana.
Pero un grupo de estudiantes no está dispuesto a dejarle pasar al gobernador la prohibición de este curso.
“Si no negocia con el Consejo de Educación para reincorporar el curso de AP de estudios afroamericanos en las aulas del estado de la Florida, estos tres estudiantes que ven aquí serán los caras visibles de una demanda colectiva”, explicaba el abogado experto en derechos civiles Ben Crump durante una rueda de prensa en la que anunciaron que están listos para demandar.
“Me he dado cuenta que no he aprendido nada acerca de la cultura y la historia de mi gente, más allá de lo que me enseñaron mis padres”, se quejaba durante el encuentro con los medios Elijah Edwards, un estudiante de 14 años, afroamericano, que junto a dos amigos se ofreció para ser la cara visible de la posible demanda.
Desde Tallahasse, capital de la Florida, le quitaron importancia a la posible demanda de los estudiantes.
“Es simplemente una fabricación sin sentido para los medios”, declaró el director de comunicaciones del departamento de educación estatal, Alex Lanfranconi.
Si bien no sería la primera vez que una de las guerras culturales de DeSantis llegue a instancias judiciales, sí se trataría de la primera vez que sea un grupo de menores el que lo demande. Cuando el gobernador firmó la llamada Ley Anti-Woke, el año pasado, un juez federal bloqueó parte de su implementación.
El departamento de educación estatal defendió la política de DeSantis, afirmando que tenían problemas con varios puntos dentro del programa de estudio de la materia en cuestión, particularmente con la enseñanza de historia Negra LGBTQ, pensamiento feminista negro y el movimiento de reparación.
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