La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por Acciona Construcción contra una resolución sancionadora que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso por formar parte de un cártel en el que estuvieron implicadas todas las grandes constructoras españolas durante 25 años.
En una sentencia del pasado 29 de junio consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo adopta la misma postura que ya tomó con Sacyr y FCC en anteriores pronunciamientos sobre este asunto, resolviendo un recurso contra el procedimiento, pero no contra el fondo de la cuestión, que sigue sin resolverse y, en el caso de Acciona, atañe a una multa de 29,4 millones de euros.
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Este expediente de la CNMC arrastra ya 8 años de incoaciones y procedimientos judiciales. La primera incoación se produjo en 2018, pero en 2020 caducó y se archivó, aunque seguidamente se volvió a abrir otro expediente y se incoó una sanción conjunta para todas las empresas de 203,6 millones de euros.
El recurso de la compañía presidida por José Manuel Entrecanales se dirigía contra la resolución de la CNMC de julio de 2020, que acordó declarar la caducidad y ordenar el archivo del procedimiento sancionador de ese cártel --al haber transcurrido en exceso el plazo máximo de 18 meses--, pero que a su vez dispuso reabrir nuevamente el procedimiento sancionador en relación con los mismos hechos.
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La sentencia, que impone el pago de las costas a Acciona, confirma la validez del archivo por caducidad y declara "inadmisible" la impugnación de la empresa contra la orden de abrir un nuevo proceso, por lo que las multas siguen en vigor a la espera de nuevas resoluciones judiciales.
La Sala esgrime que la declaración de caducidad del procedimiento no implica la prescripción ni impide el ulterior ejercicio de nuevos procedimientos, otorgando a la CNMC la potestad de iniciar de nuevo las actuaciones. De esta forma, la Audiencia Nacional tumba los argumentos que las constructoras usaron aprovechando que la CNMC dejó caducar el primer expediente.
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Aparte de a Acciona, a FCC se le multó con 40,4 millones de euros, a Dragados con 57,1 millones, a Ferrovial con 38,5 millones, a OHLA con otros 21,5 millones y a Sacyr con 16,7 millones. Todas ellas han presentado sus respectivos recursos.
SUSPENSIÓN CAUTELAR
En otro proceso judicial paralelo a este asunto, la Audiencia Nacional ya acordó suspender de forma cautelar todas las sanciones, así como la prohibición de contratar con la administración pública.
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En cualquier caso, se trata de una suspensión cautelar que también se condicionaba a que las compañías presentasen una garantía en forma de aval bancario u otra similar por el mismo importe de la multa, que asegurara el pago y con ello la indemnidad del erario público y el interés general en caso de un pronunciamiento final desestimatorio del recurso.
La CNMC destapó que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos, entre ellos hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.
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