
La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha dictado una providencia en la que requiere formalmente a Adif que aporte nuevos expedientes de contratación de obras y suministros de renovación de la vía que aún no constan en la causa.
Según recoge dicha providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en concreto, la jueza ha solicitado la aportación del proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el tramo Guadalmez-Córdoba, así como el expediente de suministro, transporte y premontaje de aparatos de vía para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
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Igualmente, ha solicitado la documentación relativa al suministro, transporte y balasto para la renovación de desvíos en la línes de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla; el proyecto de renovación de desvíos (fase 2) en la misma línea, y los proyectos relativos a la ejecución y modificados, si lo hubiera, de la renovación de elementos de la línea aérea de contacto de la LAV Madrid-Sevilla entre los puntos kilométricos 315 y 470.
Por el contrario, la jueza ya ha confirmado la incorporación a la causa de otros dos contratos que afectaban al tramo del siniestro pero que no estaban hasta ahora mencionados en el listado, en concreto, uno era relativo a la asistencia técnica para el control y vigilancia de la redacción de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones, señalización y energía, mientras que el segundo se refería a servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de energía en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
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ACCESO DE LA CIAF A LAS AUTOPSIAS
Por otra parte, la misma providencia, con fecha de 12 de julio, recoge la autorización de la jueza para que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tenga acceso a los informes de autopsia al estimar que "la finalidad invocada reviste interés público" y puede resultar "de utilidad para la formulación de recomendaciones en el establecimiento de medidas de seguridad pasiva".
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En cualquier caso, dicho acceso se autoriza bajo condiciones como que el examen de los informes de autopsia se realice en sede judicial, en la fecha y en la hora que se señale por la oficina judicial y sin que "en ningún caso se permita la retirada de documentación, expedición de copias ni reproducción total o parcial de las mismas". Igualmente, queda "prohibida la captación de imágenes, fotografías, grabaciones o utilización de medio de reproducción documental o digital de los informes".
Además, el documento señala que las personas designadas por la CIAF para el examen deberán identificarse y quedaran "sujetas al deber de reserva y confidencialidad de la información conocida con ocasión del acceso" y la información únicamente podrá ser utilizada "para los fines técnicos expresados en la solicitud, preservando la intimidad de las personas fallecidas y de sus familiares, así como el deber de protección de datos de carácter personal".
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Respecto a la solicitud de acceso al interior de los coches 6, 7 y 8 del tren Iryo, la juez autoriza a los investigadores la entrada para realizar reportaje fotográfico, práctica de la diligencia que se hará bajo supervisión y control de la (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de Córdoba, "adoptándose las medidas necesarias para evitar cualquier alteración de los vagones y de los eventuales vestigios o elementos de interés para la instrucción, extendiéndose la oportuna acta que será remitida inmediatamente a este órgano judicial".
Por otro lado, en lo relativo a la petición de recuperar el registrador de datos Deuta del tren Alvia implicado en el accidente, la jueza ha solicitado primero "la opinión de los peritos judiciales antes de autorizar su extracción", con el objetivo de que "determinen si afecta a las pruebas pendientes".
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO
El juzgado ha urgido a la Guardia Civil a identificar al fabricante del tren Alvia implicado y a los técnicos de Renfe, Iryo y el fabricante con capacidad para realizar un análisis interpretativo de los trenes siniestrados. La jueza ha solicitado que estos profesionales sean distintos a los que ya intervinieron en los primeros informes del mes de marzo.
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La providencia, además, da cuenta de oficios de la UOPJ sobre la supervisión de trabajos de Adif relativos a la intervención en el sistema de detección del comportamiento de la dinámica del pántografo y elementos auxiliares, trabajos de almacenamiento de material en la base de Hornachuelos y trabajos de mantenimiento y adecuación en las instalaciones de telecomunicaciones sitas en el ámbito del túnel Loma del Partidor.
SOLICITUD DE DESPRECINTO Y REVISIÓN DEL IRYO
En cuanto a la solicitud de Iryo para "el desprecinto y revisión previa para el traslado de los coches del número 1 al 5 hasta la base de mantenimiento de La Sagra (Toledo)", la jueza ha ordenado dar traslado a los peritos judiciales para que determinen "si las labores previas de supervisión y verificación técnica necesarias para efectuar el desplazamiento supondrían alteración de efectos, pruebas o vestigios que resultan de relevancia para la presente instrucción".
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Por último, con el fin de determinar de manera precisa la mecánica del accidente, la jueza ha ordenado llevar a cabo este pasado lunes una inspección ocular judicial en el lugar donde se produjo el siniestro, diligencia en la que han participado la propia instructora, el Ministerio Fiscal, agentes de la UOPJ de Córdoba y los peritos judiciales, quienes han evaluado sobre el terreno el trazado, el estado de la infraestructura y las circunstancias concurrentes.
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