Madrid, 14 jul (EFE).- El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la ley de la Asamblea de Madrid que habilita al Ejecutivo autonómico, que preside Isabel Díaz Ayuso, a personarse como acción popular en casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la interposición del recurso contra esta ley, promulgada el pasado mes de abril y que según el Gobierno "invade una competencia exclusiva el Estado": la de determinar quién está legitimado para ejercer la acción popular.
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"La norma madrileña amplía esa legitimación sin cobertura legal, compromete la igualdad procesal y altera la unidad del sistema penal", alega el Gobierno en un comunicado.
El recurso cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado, que también aprecia "motivos suficientes de inconstitucionalidad", y el Gobierno ha solicitado asimismo la suspensión de la norma para evitar que, durante la tramitación del recurso, "existan procedimientos penales con reglas distintas según el territorio".
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El Gobierno recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "solo permite que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular cuando protegen a una víctima concreta e identificable".
Este es el caso, de hecho, de otra norma autonómica madrileña, la Ley integral contra la violencia de género, que dispone que la Comunidad ejercerá la acción popular en los procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilación genital de la víctima.
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Sin embargo, la ley recientemente aprobada por la Asamblea madrileña extiende el ejercicio de la acción popular a "delitos con bienes jurídicos colectivos" y "sin víctima individualizada", lo que según el Gobierno "supone una ampliación unilateral del régimen procesal".
"La aplicación inmediata de la ley podría generar desigualdades entre ciudadanos sometidos a distintos procesos penales", denuncia el Gobierno, que advierte de que "permitir que cada comunidad autónoma determine nuevos supuestos de acción popular fragmentaría el sistema procesal español".EFE
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