Suspendido sin fecha el juicio contra la forense acusada de juzgar a víctimas de agresión sexual en Sevilla

El juicio contra la forense de Sevilla acusada de varios delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos tras realizar "continuos juicios de valor" a presuntas víctimas de agresión sexual, fijado en un principio para este viernes, 12 de mayo, ha quedado suspendido sin fecha, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En principio, la vista oral estaba señalada para noviembre de 2025, si bien tuvo que ser aplazado debido a las cuestiones procesales planteadas por la defensa, entre ellas el posible quebrantamiento del derecho al juez predeterminado por la ley y diversas irregularidades detectadas durante la fase de instrucción.

El abogado, tras el aplazamiento, precisó que la Fiscalía y el tribunal consideraron necesario suspender la vista para revisar íntegramente la causa y pronunciarse sobre las alegaciones formuladas en las cuestiones previas.

Cabe mencionar que la propia acusada defendía su inocencia tras el aplazamiento de la vista oral. "No le he hecho nada malo nunca a nadie y he tratado a todo el mundo con delicadeza", enmarcaba la forense. "Tengo una fe tremenda, y sé que nada puede ir en contra mía. Dios protege a sus hijos y yo hago todo lo posible por hacer las cosas bien. Nunca podría decir algo como eso -- en referencia a los comentarios juiciosos que se le atribuyen--". Así, defendía su "rigor científico" y que se comportó "de la manera más correcta posible" con las víctimas.

Según el escrito del Ministerio Público, "la acusada reiteraba, críticas hacia la vestimenta o el comportamiento de las presuntas víctimas, dándoles a entender que habían consentido de forma implícita el acto sexual o que con su conducta habrían provocando el mismo". De esta forma, "restaba credibilidad a su historia y las hacía sentir culpables de lo que había ocurrido, así como de las consecuencias legales que podría acarrear una denuncia a los presuntos autores de los hechos y sus familias".

Así la funcionaria provocaba en las entrevistadas "un enorme desasosiego por la situación de especial vulnerabilidad en la que se hallaban, incrementando el malestar de las mismas" y llegando incluso algunas de ellas a no poner finalmente una denuncia formal por los hechos, "al verse cuestionadas y menospreciadas" por los comentarios de la acusada.

La Fiscalía pide tres años de prisión, uno por cada uno de los tres delitos de integridad moral cometidos por funcionarios públicos, así como tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.