Mérida, 8 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha paralizado, de forma cautelar, un decreto del Ejecutivo autonómico que pretendía evitar la demolición de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, situada en la provincia de Cáceres.
En un auto fechado el 5 de junio, el alto tribunal extremeño acepta la suspensión cautelar, solicitada por Ecologistas en Acción, del Decreto 180/2025, aprobado por la Junta de Extremadura el pasado 16 de diciembre, en lo relativo a la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) Embalse de Valdecañas.
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El decreto ajustaba los límites de once espacios ZEPA, entre ellos el de Valdecañas.
"La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas", dice el auto, facilitado a EFE por Ecologistas en Acción, en referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico.
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Según la organización ecologista, el auto resta credibilidad a la justificación técnica esgrimida por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que la Junta de Extremadura sostenía que el decreto solo pretendía "corregir errores cartográficos" derivados de imprecisiones en mapas en papel.
Sin embargo, la Sala concluye lo contrario: "No apreciamos una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes".
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El alto tribunal extremeño ha adoptado la medida cautelar sin exigir caución o fianza alguna a la organización ecologista, aspecto que ha destacado Ecologistas en Acción.
Jaime Doreste, abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico, que defiende a Ecologistas en Acción tanto en este recurso como en el procedimiento de ejecución de la demolición del complejo, ha considerado que el TSJEx "ha desnudado por completo la maniobra de la Junta".
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"No estamos ante una corrección técnica, sino ante un fraude de ley en toda regla. La Sala habla de 'atajo', de 'extemporaneidad' y de ausencia de justificación ambiental real. Es la constatación judicial de que el decreto se redactó en un despacho, no sobre el terreno, con un único objetivo: intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho", ha opinado.
A su juicio, "esta suspensión no es la sentencia final, pero es un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta". EFE
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