Badajoz, 8 jun (EFE).- Juan José Torres, abogado de Miguel Angel Gallardo, ha pedido “sentencia absolutoria” para su cliente al considerar que no existe ninguna prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia y ha sido crítico con el informe de la UCO al entender que recogen "valoraciones".
Torres ha abierto las exposiciones de los informes definitivos de las defensas particulares en el juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz contra el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la contratación de este último en la citada institución provincial.
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Las acusaciones populares piden hasta seis años de prisión para Gallardo, a excepción de Manos Limpias que solicita tres años.
Torres ha expuesto que las declaraciones y la prueba testifical y documental avalan que los procedimientos administrativos de creación y adjudicación de la plaza adjudicada a David Sánchez fueron “correctas” y conforme al ordenamiento jurídico.
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Para este letrado, la única posible prueba que apunta a que Gallardo "dio el pistoletazo de salida" para el proceso de la plaza de David Sánchez radica en las declaraciones valorativas del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, quien "se apartó" de lo informado en los atestados.
La decisión inicial de creación del puesto “no parte del presidente”, ha argumentado el letrado frente a lo que apunto Balas. Además, ha recordado que la plaza de 'coordinador de conservatorios', la que fue adjudicada a David Sánchez, ya existía con anterioridad y que la aprobación para cubrirla partió del pleno de la Diputación.
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En cuanto a la “tardanza en ocupar la plaza”, alrededor de cinco meses, el letrado ha dicho que los técnicos han corroborado que los presupuestos anuales conllevan un periodo de trámite y, además, “había que encajar” la ubicación del puesto en el organigrama.
La declaración de Balas “adolece de muchos errores”, ha insistido Torres, entre ellos a esa "tardanza" relacionada, según las acusaciones, para que fuera otorgada a David Sánchez.
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De la misma forma ha rechazado que en el cambio de nomenclatura del puesto, de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, David Sánchez influyera en Miguel Angel Gallardo y éste en los empleados provinciales.
Una modificación cuyo trámite fue “legal” y no representó un cambio de funciones en el puesto, cuestión donde Gallardo, además, “solo votó en el pleno lo mismo que el resto de diputados”, ha insistido.
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Si bien ha cerrado su intervención diciendo que adjudicar una plaza a dedo es un delito, "de esto no hay pruebas” que se desprendan ni del informe de la UCO ni de las testificales. "Todo son conjeturas", ha insistido. EFE
jlr/as/mcm
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