Garzón no ve "justa" la condena de García Ortiz y asegura que la Fiscalía "quedó bien fortalecida"

El exjuez Baltasar Garzón ha señalado que no le resulta "justa" la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, quien, a su juicio, "hizo lo que tenía que hacer" al no dimitir en un primer momento, y ha asegurado que la Fiscalía "quedó bien fortalecida" con su actuación.

"Creo que la Fiscalía General y su representante en ese momento hizo lo que tenía que hacer, no dimitir, mantener incólume el principio de presunción de inocencia", ha declarado Garzón durante una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la presentación de su nuevo libro 'La democracia amenazada' (Planeta).

De esta forma se ha expresado después de que el pasado noviembre el Supremo condenase a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Garzón ha sostenido que, en su opinión, no es una sentencia "justa" que responda a una conformación de la prueba "lo suficientemente contundente como para avalar una condena". "Y esto es así porque hay un voto particular de dos de las magistradas donde claramente se establecen cuáles son esas discrepancias, las cuales suscribo perfectamente", ha proseguido.

En este sentido, ha argumentado que una sentencia tiene que basarse en hechos probados que "tengan la consideración del análisis de todos". "Desde mi punto de vista, la Fiscalía quedó bien fortalecida, porque tampoco puedes estar a expensas de que políticamente interese que, iniciado un procedimiento, dimitas", ha alegado.

"¿Quién repara a los ciudadanos que tenemos derecho a que esa persona en concreto siga en ese puesto?", ha cuestionado, recordando que una vez se dictaminó la sentencia, García Ortiz dimitió y cesó.

EXIGENCIAS PARA EVITAR INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Preguntado por si atribuye a jueces como Juan Carlos Peinado --instructor de la causa sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno-- que exista en España 'lawfare' --guerra judicial por motivos políticos--, Garzón ha respondido que "hay elementos que pueden interpretarse como que determinadas investigaciones contribuyen a que se puede estar instrumentalizando la justicia".

"He criticado la instrucción que se sigue contra determinadas personas que ni son los únicos ni son todos, es decir, no podemos dar una norma general", ha trasladado, en referencia a las instrucciones de las causas contra Gómez y David Sánchez, esposa y hermano, respectivamente, del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Sin embargo, Garzón ha precisado que "no" son los jueces quienes instrumentalizan, sino que "se aprovecha un procedimiento judicial para unas finalidades distintas". "Y hasta que el procedimiento judicial establece que esto es así, pasan varias o muchas cosas y se acaban vulnerando derechos que ya no son reparables", ha proseguido.

Al hilo, ha indicado que la justicia tiene "una responsabilidad" que, si bien "no puede ser solucionada con una decisión de forma inmediata, sí se pueden establecer los cauces y las exigencias para evitar que así se pueda interpretar".

"Yo no puedo aceptar que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admita a trámite una querella o la exposición razonada en la investigación contra el fiscal general del Estado y luego parte de esa sala o toda su integridad juzgue también en definitiva al propio fiscal porque de una forma u otra ya tiene un prejuicio", ha criticado.

El exjuez ha lamentado así que este tipo de situaciones "no están bien" y "contribuyen a la desconfianza de las estructuras judiciales". "Eso no quiere decir que yo ataque al sistema judicial ni que ataque ni siquiera a los magistrados que actúan así, pero hay que corregir esas decisiones para que no aparenten o no podamos afirmar que hay una instrumentalización de la Justicia y por tanto que participa de la naturaleza del 'lawfare'", ha resaltado.

LA SALA DE LO PENAL, "EL PODER POLÍTICO MÁS POTENTE EN ESPAÑA"

Garzón sostiene en su libro que "la Sala Segunda del Tribunal Supremo es el auténtico poder político en el Estado español". Al respecto, Garzón ha remarcado que "no" se refiere a que dicho órgano esté politizado, sino que todas las instituciones democráticas se componen de distintos poderes políticos.

"El poder judicial es un poder político, el poder del parlamento es poder político, el Gobierno es poder político". Por tanto, cuando estos organismos desarrollan su actividad, están desarrollando también un poder político, no que estén haciendo política", ha detallado.

En este contexto, ha afirmado que esa Sala de lo Penal es "el poder político más potente en España" por su "falta de rendición de cuentas": "Pueden juzgar al presidente del Gobierno, pueden interpretar incluso al jefe del Estado. Sus decisiones son inapelables, son en única instancia y esto desarrolla un poder omnímodo".

"Quizás habría que establecer unos contrapesos. Por ejemplo, un enjuiciamiento de determinados delitos por jurado popular como la prevaricación o una segunda instancia", ha propuesto ante lo que considera todavía "un capítulo pendiente de la normativa y de la democracia española".

EL ESTAMENTO JUDICIAL "NO ES INTOCABLE"

Asimismo, Garzón ha manifestado que no le parece "oportuno ni correcto" el comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reclamaba "respeto" a la independencia de los jueces y lamentaba críticas de representantes de altas instituciones del Estado a raíz de que la Audiencia Nacional investigue si hubo una red para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Ha resaltado que no es "partidario" ni está de acuerdo con el comunicado. "No he visto que se ataque o se descalifique al juez, lo que he visto es una crítica en la que se cuestiona una investigación", ha agregado.

"He desarrollado muchas investigaciones muy complejas y no me amparó el Consejo, y no me sentí perturbado en mi independencia, hice lo que tenía que hacer", ha aseverado.

Garzón ha defendido que tanto el juez José Luis Calama, que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', como el juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire Díez', "han tomado sus decisiones" y "tienen que seguir adelante en función de lo que consideren que es correcto". "Y nadie les va a perturbar en la independencia judicial. Un juez es independiente hasta que deje de serlo o quiera no serlo", ha sentenciado.

"La afirmación del derecho de defensa se queda vacía a la vista de lo que está sucediendo, cómo se defiende el derecho de defensa cuando ya se ha masacrado a todas las personas que están investigadas", ha deplorado, instando a "hacer algo más" puesto que, a su juicio, el estamento judicial "no es intocable, asume la responsabilidad de sus decisiones y puede ser criticado".

"SEGUIRÉ RECLAMANDO ALGO QUE YA NO SE ME PUEDE DAR"

Finalmente, después de que el Supremo haya ratificado la decisión del CGPJ que confirmó su inhabilitación como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel', Garzón ha expresado que no cuestiona la sentencia pero sí sus "efectos".

"Por supuesto que seguiré reclamando algo que ya no se me puede dar porque ya tengo la edad de jubilación, mis abogados plantearán la posibilidad de seguir adelante porque es necesaria una autorreflexión en la justicia española de cómo cumplir las obligaciones internacionales", ha remachado.

Con todo, ha criticado que, en su opinión, la judicatura española, "salvo excepciones", no se caracteriza por "cumplir y atender" los dictámenes internacionales "con el argumento de que no son sentencias".