La defensa sitúa el caso ataúdes en una batalla entre odiador y odiado, ya fallecidos

Valladolid, 2 jun (EFE).- La primera defensa que ha expuesto su informe final en el juicio del conocido como caso ataúdes ha situado la vista oral en una batalla entre odiador, un extrabajador llamado Justo M.G., y odiado, el dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., los dos ya fallecidos.

Se trata de "una situación anómala, con multitud de personas en el banquillo que son espectadores de una batalla entre el odiador y el odiado y ambos están muertos", ha descrito el letrado.

Ha criticado que el proceso se ha asentado sobre una extorsión por la que fue condenado Justo M.G., dirigida contra el propietario de la empresa funeraria, al que chantajeó con hacer públicas unas fotografías y anotaciones sobre supuestos cambios de féretros para después revenderlos.

"Se junta la leyenda urbana y un señor que por desgracia está loco y su desequilibrio psicológico es evidente, porque acabó quitándose la vida", ha dicho el defensor en referencia al extrabajador, quien según las acusaciones documentó los cambios y reventa de féretros y flores con imágenes y por escrito durante vente años.

"Se junta una cosa con la otra y nos vemos aquí sentados durante cuatro meses" y con veintitrés acusados, ha resumido.

Todas las notas de Justo son munición, las fotografías son munición y lo que las une todas es la idea de una venganza, de una extorsión, ha concluido el abogado.

Durante la exposición de su informe, el defensor de Ignacio M.V., hijo del que fuera propietario de la empresa, ha considerado además lo que ha tachado de "pérdida de imparcialidad" que han sufrido las defensas por parte de la Sala.

"No es una cuestión solamente sobre el modo en que se admitió la prueba, sino el valor que esa prueba puede tener para fundar una condena" contra Ignacio M.V., ha expresado.

Ha lamentado en este sentido que ya poco después de comenzar el juicio se vio que era inútil y repetitiva la declaración de familiares de los difuntos porque tenía carga emocional pero no valor acreditativo de los hechos, debido a que nadie oyó ni vio nada.

Se ha quejado de que la defensa no ha podido discutir en igualdad de condiciones ya que no se dio trámite al criterio de selección de testigos y las normas no permiten sustituir a un testigo por otro.

La mayoría de los allegados de fallecidos incinerados han declarado sobre su dolor pero "estamos en un procedimiento penal", en el que se está pidiendo para Ignacio M.V. veinte años de prisión y veinte millones de euros, ha agregado.

A su juicio, desde el primer momento la Policía se enamoró del relato de Justo M.G. y todo depende de lo que dejó escrito este exempleado que comenzó a trabajar en el cementerio del grupo funerario procedente de un despido y se incorporó a esta empresa "de favor", aunque por la caridad entra la peste.

A partir de ese momento, empezó a tomar anotaciones de cómo hacía su labor para justificar que estaba trabajando, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una opción para extorsionar debido a que el dueño de la empresa no quiso contratar a sus hijos, se acercaba su jubilación y le iba a quedar una escasa pensión y el dueño del grupo funerario se había hecho rico.

Se escogió como brújula moral para el proceso del caso ataúdes a un empleado que había elaborado ese material para castigar a su jefe, ha recalcado.

El juicio continúa con la exposición de los informes finales de las defensas. EFE